El Senado de la República solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que se inicie una investigación por un presunto fraude cometido en contra de más de 100 productores de mango.
En este presunto ilícito podrían estar involucrados un exportador de frutas, funcionarios del Fideicomiso Instituido en Relación a la Agricultura (FIRA) y empleados de Banorte.
De acuerdo con el abogado Juan Manuel Méndez Torres, quien lleva el caso de al menos 10 de los afectados, el fraude fue detectado cuando los productores, todos de la región Soconusco, no pudieron acceder a los programas de apoyo del Trópico Húmedo.
Sus nombres aparecían en el Buró de Crédito, cuando ellos no habían hecho ninguna solicitud de financiamiento a instituciones bancarias y tampoco recibido crédito alguno.
En entrevista, Méndez Torres señaló que preocupados por lo que estaba pasando, decidieron investigar ellos mismos, auxiliados por despachos contables y de abogados.
De ello se deriva que el comprador y exportador de frutas, Adolfo Fernández, supuestamente utilizó copias de credenciales de elector de 108 productores para que le otorgaran un financiamiento en un programa denominado Dispersores de Crédito a través del FIRA por un monto superior a cuatro millones de pesos, el cual le fue otorgado vía el Banco Mercantil del Norte (Banorte) .
Los afectados son integrantes de la Asociación de Fruticultores del Soconusco, dedicados al cultivo de mango Ataulfo, quienes presentaron las quejas ante la Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) , al considerar que se estaba cometiendo un fraude.
Quizá no se hubieran percatado de lo ocurrido, pero el beneficiario de esos recursos no los pagó y por los tanto los nombres de los productores se fueron al buró de crédito, dijo.
“Al ir al fondo del problema, nos percatamos que el dinero lo recibió en su nombre el comprador y exportador Adolfo Fernández” , dijo el abogado al enfatizar que presuntamente esos recursos fueron utilizados para la compra de fruta y exportación de la misma.
Por lo mismo, consideran que se cometió una doble defraudación, en cuyos hechos podrían estar involucrados funcionarios del FIRA y de Banorte que “autorizaron y supuestamente dispersaron el dinero que nunca llegó a los beneficiarios, solamente utilizando copias de sus credenciales de elector” .
Al hacer un balance del ciclo productivo anterior, el abogado dio a conocer que FIRA dispersó mediante ese tipo de programas más de 400 millones de pesos entre fruticultores del país, al tratarse de fondos subsidiados con intereses muy bajos.
“Tenemos la sospecha de que se han estado efectuando simulaciones de otorgamiento de créditos utilizando a los productores, a quienes les compran la fruta con su mismo dinero” , dijo.
Expresó que “de comprobarse que lo ocurrido en el Soconusco también se está llevando a cabo en el resto de México, estaríamos hablando de que se trata de uno de los fraudes millonarios más grandes en la historia de la agricultura en el país” .
Con todos los resultados de sus investigaciones, los productores chiapanecos, a través de sus abogados, solicitaron la intervención del Senado de la República, quien a su vez, según demostró con documentos Méndez Torres, pidió la intervención de la PGR para que abra la investigación al respecto.
