Durante la Promulgación de la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el presidente Felipe Calderón dijo “con la ley en la mano“, en estos seis años, el gobierno ha actuado con firmeza y al margen de todo cálculo político y de cualquier visión o interés de corto plazo en esta lucha por la legalidad.
“Con la ley en la mano, empleamos todos los recursos al alcance del Estado, para defender a los ciudadanos ante la amenaza que se erige contra su tranquilidad. Impulsamos una transformación profunda, ante el deterioro sistémico de instituciones de seguridad y de justicia en el país“, expresó.
En la Escalinata de la Casa Miguel Alemán en la Residencia Oficial de Los Pinos, acompañado por el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré y de Hacienda, José Antonio Meade; así como diputados y senadores, el jefe del Ejecutivo comentó que ha actuado para cumplir con su deber de garantizar la seguridad de los ciudadanos, y para legar a las nuevas generaciones instituciones modernas, nuevos marcos legislativos que permitan salvaguardar, efectivamente, la integridad y la tranquilidad de los mexicanos.
Mencionó que se deja un proceso de fortalecimiento en las instituciones de seguridad pública.
“Hago votos porque la Promulgación de esta nueva Ley Contra el Lavado de Dinero, sea un activo más del Estado. Un activo, ciertamente, poderoso en la consecución de este anhelo por el que México lucha firmemente y que, esperamos, fructifique en un México de paz y prosperidad a las y a los mexicanos, el día de mañana”.
El Presidente explicó que ahora México cuenta con una ley que le permitirá combatir el flujo criminal de dinero proveniente de delitos que agravian a la sociedad.
Entre sus aspectos más importantes destacó que la ley prevé restricciones a las que se deberá sujetar la realización de operaciones comerciales y financieras, susceptibles de utilizarse para lavar dinero.
“Para ello se establecen límites al uso de dinero en efectivo en operaciones relacionadas con la adquisición de bienes que rebasen las cuantías determinadas por la propia ley”.
Dentro de estas actividades, dijo, se encuentran aquellas vinculadas a la práctica de juegos de apuesta, concursos o sorteos. La comercialización de tarjetas de crédito o de prepago, como en el caso de las tiendas departamentales. El otorgamiento de préstamos o créditos como los otorgados por las casas de empeño en el país.
Además de la construcción, el desarrollo y la compraventa de bienes inmuebles y la comercialización de obras de arte, de piedras preciosas, así como la adquisición de vehículos, aviones y yates.
“Con estas medidas se impedirá que los grupos criminales laven su dinero sucio y acumulen fortunas lícitas que tanto ofenden y agravian a los ciudadanos, a partir de actividades ilícitas y criminales, como las que desarrollan”.
También mencionó que la ley obliga a los intermediarios no financieros, es decir, a quienes participan en determinadas transacciones económicas a cumplir con obligaciones como verificar la identidad de sus clientes y sus usuarios, solicitarles información sobre su actividad, su ocupación o su fuente de ingreso y conservar y proteger por cinco años la documentación sobre dicha información.
La ley establece nuevas obligaciones a las entidades financieras, los bancos y las casas de cambio, por ejemplo, deberán establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones sospechosas de ser caso de lavado de dinero.
Entre otras medidas deberán presentar reportes periódicos a la Secretaría de Hacienda sobre las actividades consideradas como vulnerables por la propia ley, así blindamos al sistema financiero y a la economía nacional del dinero proveniente de las organizaciones criminales.
Además, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contarán con mayores facultades y capacidades para recabar información que les permita cortar el flujo de dinero de los grupos delictivos.
“Por un lado, se otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la facultad de realizar visitas de verificación para comprobar si los sujetos obligados cumplen o no con los deberes que les impone la ley y en los casos procedentes esta dependencia podrá imponer sanciones de hasta el 100 por ciento del valor de las operaciones”, indicó.
El presidente Calderón celebró que dentro de los aspectos que contiene la ley se haya establecido la creación de una Unidad Especializada en Análisis Financiero, enfocada a la investigación de operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilícita.
Esta Unidad dependerá de la Procuraduría General de la República, y los servidores que la integren serán sometidos a estrictos controles de confianza para garantizar su profesionalismo y su probidad.
“Así, con nuevas instituciones, con nuevas facultades, el Estado podrá generar más y mejor inteligencia para combatir exitosamente a la criminalidad. Detectando sus recursos ilícitos, podremos investigar y detener con más eficacia a los delincuentes”, afirmó.
