Esta mañana miembros del frente Taxistas Organizados de la Ciudad de México (TOCDMX) acudieron a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para dar seguimiento a la denuncia interpuesta en diciembre pasado, y a la que debe dar seguimiento el subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la PGJDF, Óscar Montes de Oca, al ser calificada en el caso del secretario de Movilidad, Rufino H. León Tovar por el probable delito de “mal uso de funciones”, al permitir que Uber, Cabify y los demás vehículos piratas transporten pasajeros con unidades que portan placas particulares.
“Que quede claro, tanto la Secretaría de Movilidad como la Procuraduría General de Justicia del DF conocen de las conductas indebidas e ilegales que se traducen en delitos, de acuerdo a los artículos 258 y 260 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, cometidos por empresas como Uber y Cabify, han dejado de cumplir con su obligación legal”, explicó Daniel Medina, vocero de la TOCDMX.
Los taxistas agrupado en TOCDMX interpusieron el 10 de diciembre pasado una denuncia en contra del titular de la Semovi y también de las empresas Uber y Cabify, así como contra los más de 30 mil taxistas piratas.
En conferencia de prensa los agrupados del frente Taxistas Organizados de la Ciudad de México exigieron al Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera y a los funcionarios responsables tanto de la Secretaría de Movilidad como de la Procuraduría General de Justicia del DF hacer valer la Ley que los obliga a sancionar los vehículos que circulan en la ilegalidad.
“Exigimos al Gobierno del Distrito Federal y a los funcionarios responsables de la Secretaría de Movilidad y de la Procuraduría General de Justicia del DF que cumplan con su trabajo y actúen de oficio como lo marca el artículo 262 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal” indicó Ignacio Rodríguez, vocero.
Rodríguez añadió que la operación ilegal de las empresas Uber y Cabify, así como los más de 30 mil taxis piratas con la cromática oficial, pero que circulan con placas particulares; causan al gremio legalmente establecido pérdidas por 24 millones de pesos diarios y un descalabro a la economía nacional, ya que una parte importante de estos recursos van a dar a los dueños en los Estados Unidos de los propietarios de las aplicaciones.
Sobre las acciones violentas que se han registrado en contra de operadores de Uber y Cabifay, los Taxistas Organizados de la Ciudad de México (TOCDMX) aseguraron no ser responsables de dichos actos y por el contrario reiteraron estar atenidos al marco del derecho y que será por la vía legal el único camino para resolver tal situación.
“Nosotros no somos responsables de las agresiones que hagan otros grupos de taxistas, nosotros nos presentamos con la cara por delante, nos conocen tanto en la Secretaria de Movilidad como en la PGJDF, saben quiénes somos. Damos la cara porque somos concesionarios, somos institucionales, somos respetuosos y exigimos un marco de derecho. Nosotros no actuamos de esa manera, podríamos hacerlo pero no queremos porque confiamos en que las autoridades resolverán esta situación”, subrayó Daniel Medina, vocero de la agrupación.
Finalmente y en este mismo sentido, informaron que de no ver una respuesta favorable por parte de las autoridades capitalinas, continuarán realizando diversas movilizaciones ante el Gobierno del Distrito Federal, la Secretaría de Movilidad (Semovi), el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), entre otros, hasta lograr que la autoridad correspondiente sancione los actos ilegales que empresas como Uber y Cabifay, así como los más de 30 mil taxis piratas que circulan en el Distrito Federal, cometen diariamente poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios.
Al finalizar la conferencia de prensa, un grupo representativo de la TOCDMX ingresaron a las instalaciones de la PGJDF donde fueron recibidos por el subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la PGJDF, Óscar Montes de Oca para dejar un documento donde exigen que la dependencia actúe de oficio como lo marca el artículo 262 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.
