Por: Lic. Víctor Manuel Tinoco Rubí
Hoy quisiera referirme a un tema que estimo nos debe interesar no solo a todos los michoacanos, sino a todos los mexicanos.
Pero antes, quisiera contextualizar algunos eventos que permiten justificar porqué estamos en un momento propicio para discutir lo que pretendo comentar.
No es ningún secreto que existe un gran interés en la situación financiera del Estado, tan es así que existen diversos comunicados, referencias, foros, comentarios y hasta una comisión ciudadana desentrañando tanto los pormenores de dicha situación como sus causas.
El hecho de que sea necesario que exista una comisión allegándose de información e investigando los detalles de la situación financiera nos permite afirmar, por lo menos dos aspectos;
1) Que la interpretación de los documentos en los que se evidencia la situación financiera no es algo sencillo porque requiere la intervención de especialistas; y mas importante;
2) Que estos documentos en los que se evidencian los detalles de la situación financiera, no es algo que se encuentre en poder de la ciudadanía.
Si el problema solamente fuera la complejidad para que cualquier ciudadano interprete la contabilidad gubernamental, pues esto se soluciona mediante la participación ciudadana de especialistas. Pero ese no es el problema, el problema es el acceso a la documentación, a los registros, a los comprobantes.
Cualquiera que nos esté escuchando o leyendo se puede identificar con ese sentimiento de frustración cuando escucha a los servidores públicos arrojarse acusaciones mutuas, deslindarse de responsabilidades, asegurar que existirán investigaciones, pero al final del día el ciudadano parece quedarse en la oscuridad, solo le queda la confianza que pueda tener en su partido, o en el funcionario que mayor confianza le inspire.
Este reiterativo escenario no solamente entorpece la democracia, sino que hasta cierto punto la anula.
¿Cómo puede la ciudadanía ejercer de manera informada, consciente, su derecho al voto cuando no tiene conocimiento de los pormenores en la actuación de sus mandatarios?
¿Cómo puede exigir de las autoridades el fincamiento de responsabilidades si no puede acceder a las fuentes en las que constan los buenos o malos manejos de la función pública?
Lo cierto es que no es posible.
El mes de junio del año pasado hubo una reforma constitucional a nivel federal, que fortaleció la promoción y protección de los derechos humanos, dentro de los cuales destaca para efecto del tema de hoy, el de transparencia, concretamente el derecho de acceso a la información reconocido desde antes en el artículo 6º de la Constitución Federal.
Dicho artículo señala en la parte conducente que “Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.”
El desarrollo del derecho a la información y a la transparencia, junto con la reforma constitucional en materia de derechos humanos nos ha brindado el impulso suficiente para continuar la construcción de este importante derecho fundamental.
El presidente electo ha señalado como prioridad en su agenda el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia. A nivel Estatal el gobierno ha promovido la transparencia mediante el acercamiento del sector privado a través de la creación de una comisión ciudadana que funja como órgano fiscalizador.
Pero la construcción y la evolución de este derecho requieren de un impulso básico y fundamental que es la participación de la ciudadanía. De nada sirven las leyes que reconocen y protegen un derecho si no hay quien lo exija y lo demande.
Es nuestra responsabilidad como ciudadanos ejercer este derecho para mantenernos informados, para participar en la función pública y para poder exigir la rendición de cuentas de nuestros servidores públicos.
Michoacán junto con otros Estados ha construido sus mecanismos que garantizan el cumplimiento de este derecho, y en la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, se reconoce en su artículo 4º, fracción III, que uno de los objetivos de la ley es “optimizar la participación ciudadana en la toma de decisiones conforme a estándares internacionales de democracia”, ¿esto que quiere decir? Que para poder realmente intervenir en la vida política como ciudadano, se necesita saber porqué elegir o rechazar a un funcionario, y para ello se necesita saber las bases de su actuación.
Tengan presente entonces los Michoacanos que es necesario agotar estos derechos, que los medios se encuentran expeditos para utilizarlos, pongan a prueba las instituciones de transparencia para que puedan exigir cuentas de sus servidores, conozcan las leyes en materia de transparencia.
¿Y porque comento todo esto?
Para que no me tomen la palabra como ex funcionario, para no apelar a su fe, para no pedirles una aceptación dogmática de hechos, sino invitarlos a que exijan la apertura de la información y documentación que les permita hacerse de sus propias opiniones.
Hace unos días llegó a mis manos un comunicado cuya intención es explicar algunos aspectos de la situación financiera actual del Estado, a mi modo de ver dicho comunicado incurre en una serie de imprecisiones que pretenden redundar en la responsabilidad de mi administración, es decir, por virtud de esos errores se me transfiere una responsabilidad que estimo no me corresponde.
Frente a dicho comunicado he elaborado una contestación para desmentir ciertas afirmaciones, dicha contestación en su momento la haré pública.
Yo invito a la ciudadanía a que no tome por buena la palabra de sus servidores y ex funcionarios, sino que exija la transparencia, que se imponga de los respaldos documentales en los que constan los hechos de las administraciones, que participen en la construcción de nuestra vida política, porque los medios existen, las vías legales se encuentran expeditas, y porque solamente participando desde la sociedad podemos tener la calidad moral, la legitimidad para indignarnos con la opacidad, la impunidad, y la irresponsabilidad de quien quiera que resulte responsable.
No imputo responsabilidades, ni realizo juicios de valor, creo que no es mi función, yo ejerzo mi derecho replicando las imputaciones que se me hacen y que considero incorrectas, pero lo que si hago, es invitar a todos los michoacanos a participar en esta valoración de sus funcionarios, a ejercer el derecho a estar informados, a experimentar con las vías existentes, a que sean curiosos, que sean activos y partícipes de la vida democrática, porque solo así podemos ayudar a construir una sociedad en la que los funcionarios realmente sean mandatarios al servicio de sus electores y como tales, deban rendirles cuentas.
Lic. Víctor Manuel Tinoco Rubí
