La Confederación Nacional Campesina defenderá los derechos laborales de más de 3.5 millones de jornaleros agrícolas, cuyas garantías individuales son violadas por empleadores y empresas altamente productivas de frutales, hortalizas y legumbres destinadas al mercado nacional y de exportación, señaló el dirigente de esta organización, senador Manuel Cota Jiménez.
El Senado de la República y en particular el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo, aprobamos ayer un punto de acuerdo que exhorta al gobierno y a la Procuraduría de Justicia de Baja California Sur, a emprender una investigación exhaustiva sobre las condiciones laborales de 50 mil jornaleros que son explotados en campos agrícolas pero, sobre todo, que se apliquen medidas de respeto a los derechos humanos y a la justicia laboral, a fin de procurar condiciones de vida dignas.
Puntualizó que, en el Senado de la República, en los partidos políticos y en organizaciones que representan a muchos miles de campesinos y trabajadores agrícolas, como es el caso de la CNC, no debemos ser ajenos a esta problemática.
“Tenemos la obligación de garantizar el cumplimiento de la Ley Laboral, misma que nos correspondió, en el Senado, colocar en la Reforma Estructural en un apartado específico de jornaleros agrícolas, e hicimos nuestra labor en esta importante reforma a través de la defensa de los derechos a la salud y laborales de los jornaleros agrícolas, una gran parte de ellos pertenecientes a grupos étnicos.
Hoy, afirmó, se da una falta a los derechos fundamentales de este segmento de trabajadores agrícolas que, además son considerados los más desfavorecidos, en virtud de que sólo poseen como patrimonio su propia fuerza de trabajo.
Consideró que debido al desigual desarrollo entre las distintas regiones del país, muchos trabajadores del medio rural emigran en la búsqueda de oportunidades de trabajo, en la mayoría de ocasiones acompañados por sus familias. Existen unas 405 mil familias en constante movilidad, que se desplazan por diversas regiones productivas primarias.
De acuerdo con informes de la organización “Migrantes Somos y en el Camino Andamos”, hay 3.5 millones de migrantes en el país, en su mayoría indígenas, procedentes de los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Puebla, que prestan servicios de siembra, cuidado sanitario de los cultivos, cosecha y transporte, en particular de Sinaloa, Nayarit, Colima, Sonora, Baja California Sur y Baja California, entre otras entidades.
La escasa preparación educativa y la necesidad de encontrar trabajo, generalmente son víctimas de abuso por parte de empleadores de mano de obra, quienes además no les ofrecen los servicios fundamentales en cuanto a condiciones de trabajo, de sanidad y vivienda digna.
