Estados Unidos ha lanzado una cerbatana cargada de dardos contra varios bancos europeos, unos meses atrás le sucedió a las instituciones helvéticas presionadas para revelar información financiera de sus clientes estadounidenses cuando las autoridades fiscales americanas así lo requirieran. Nada de secreto bancario.
Ahora toca el turno a la Banca andorrana.
El departamento de Delitos Financieros y Control del Tesoro de los Estados Unidos (FINCA, por sus siglas en inglés), ha abierto una investigación contra Banca Privada de Andorra (BPA)  por diversos delitos financieros entre los que figuran el blanqueo de capitales.

En respuesta, las autoridades supervisoras españolas instrumentaron inmediatamente una serie de acciones sobre de Banco Madrid, la franquicia de BPA en territorio ibérico.
Lo primero, fue decretar la intervención de la institución, disolver el Consejo de Administración de la entidad y nombrar tres interventores provisionales para tomar entre sus manos el destino inmediato de la institución a fin de evitar una fuga masiva de ahorros como resultado de la incertidumbre derivada de la investigación criminal en la matriz.
Lo segundo, el lunes 16 de marzo, de común acuerdo los interventores solicitaron al Banco de España el concurso de acreedores,  una acción jurídico-legal que detiene la operatividad de la filial.
Las consecuencias son inminentes para todos sus clientes fundamentalmente para inversionistas y ahorradores dado que no podrán sacar ningún euro de sus  respectivas cuentas.
El famoso “corralito” argentino aplicado en todo el sistema bancario austral durante la época de gobierno de Fernando de la Rúa ha sido copiado por las autoridades supervisoras ibéricas como medida inmediata -ante la presión de los últimos días-, debido a los voluminosos retiros de varios de sus clientes.
Hay visibles diferencias  entre el corralito argentino y el recién aplicado en España; en Argentina,  se aplicó a todo el sistema bancario por igual y únicamente permitió retiros semanales restringidos de un límite pequeño de dinero de parte de los ahorradores.
En España, todo lo contrario, se suspende por completo la actividad financiera de la institución, nadie puede sacar ninguna cantidad de dinero ni mucha ni poca. Simplemente, un juez decidirá qué pasará con Banco Madrid: si vender la institución al mejor postor o declararla en quiebra. La primera opción, implica una puja por la institución y quedarse con los clientes, activos, adeudos, pasivos, inversionistas y ahorradores.
La segunda, es la más dolorosa, una inédita en España como es la quiebra de una institución de crédito. Aunque también hay una tercera, pero improbable, que implica usar el dinero de los contribuyentes para rescatarle. De hecho, el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid decidirá el destino de Banco Madrid.
Este juzgado ha dado un plazo de 14 días para que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) manifieste  “si rescatará o no a la entidad”.
Banco Madrid ocupa la decimotercera posición en el sistema bancario en el país ibérico,  cuenta con 6 mil millones de euros en activos y un volumen cercano a los 100 mil clientes, divididos en 15 mil clientes con cuentas de depósito en banca privada y el resto, con su dinero colocado en  fondos de inversión y SICAV administrados por distintos gestores.
También los fondos y SICAV están dentro del corralito como decisión última de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hasta que se conozca la resolución del juez al respecto del concurso mercantil.
A COLACIÓN
Ni las autoridades estadounidenses ni españolas tienen dudas, tanto la matriz en Andorra como la filial en España “eran estructuras de blanqueo”.
Para eso surgieron, para lavar el dinero de la gran mafia rusa, china, de políticos venezolanos y también de un cártel mexicano.
El Tesoro de Estados Unidos emitió un documento que implica a BPA (tercera institución  en relevancia en Andorra) con negocios turbulentos y cobro de comisiones por parte de directivos para ayudar a la mafia internacional a fin de movilizar su dinero.
La encargada  de la indagación es Jennifer Shasky Calvery, directora de Fincen, unidad de inteligencia financiera adscrita al Tesoro de Estados Unidos cuya misión es detectar operaciones sospechosas.
El período de averiguación abarca de 2009 a 2014 intervalo  en el que se han detectado las siguientes irregularidades: 1) Diversas transacciones con la mafia rusa a través de Andrei Petrov uno de los criminales más buscados por la CIA, Interpol y FBI. 2) Operaciones de lavado de dinero de PDVSA, la petrolera venezolana,  vinculando además a un grupo de personas en Panamá, Estados Unidos y Andorra. 3) Enlace con el empresario chino Gao Ping (actualmente preso en España) en varias actividades financieras ilícitas. 4) Fincen revela que existen nexos entre BPA y el cártel del Sinaloa como institución de custodia de su dinero.