“La investigación no ha terminado, la institución encargada de perseguir los delitos sigue teniendo abierta la posibilidad de corregir los errores que se advirtieron con las diligencias respectivas para que pueda cambiar el rumbo de la decisión, el caso no está cerrado”, señaló este miércoles el magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Víctor Barragán Benítez, quien revocó las órdenes de formal prisión en contra de Hipólito Mora Chávez y Luis Antonio Torres González, con sus respectivos grupos.
La autoridad jurisdiccional dejó en claro que la resolución a los recursos de apelación que presentaron ambos grupos no implica una condena ni una absolución. Se consideró que no se presentaron los elementos para someter a juicio a las personas que voluntariamente se sometieron a la acción de la justicia, por su presunta responsabilidad en el homicidio doloso de diez gentes.
En conferencia de prensa, señaló que el 16 de diciembre, en La Ruana, se suscitó un primer enfrentamiento en el que murieron tres personas de ambos grupos, entre ellos el hijo de Hipólito Mora. “Lo que ocurre después es un caos, una confusión, y ambos grupos se disparan.
Derivado de ello se tiene como resultado once muertos, en realidad los dos grupos se representaron un peligro inminente y repelieron la agresión mutua, por eso se ordenó su liberación”.
El pasado lunes, el magistrado revocó el auto de formal prisión que se había dictado en contra de Hipólito Mora y un grupo de 26 personas; el martes hizo lo propio con la formal prisión decretada en contra de Luis Antonio Torres y nueve hombres más. Todos ellos se encuentran libres en medio de una serie de cuestionamientos, respecto a quién entonces responderá por la muerte de once personas.
Barragán Benítez subrayó que el caso no está cerrado, y la Procuraduría General de Justicia del Estado puede aportar elementos para cambiar el sentido del caso, incluso nuevamente se les podría dictar orden de aprehensión a los líderes de ambos grupos.
“El Poder Judicial no construye los casos, yo los resuelvo”, exclamó, para enseguida hacer hincapié en que giró una recomendación al titular de la Secretaría de Seguridad Pública para que tome las medidas pertinentes para que evitar en lo sucesivo este tipo de enfrentamientos.
Es decir, que se establezcan los lineamientos específicos para la operatividad de agrupamientos como la Unidad de Fuerza Rural.
En lo referente a las víctimas, giró una recomendación al titular del Ejecutivo del estado, Salvador Jara Guerrero, para que instrumente mecanismos correspondientes para la indemnización de los deudos. Cuestionado sobre los errores que cometió la Procuraduría General de Justicia del Estado al momento de armar los expedientes, respondió que su rol no es ser investigador, y se limitó a resolver si había o no elementos para someter a juicio a esas 37 personas por el delito de homicidio doloso de diez gentes. Ello, sostuvo: “quedó descartado porque se produjo en un momento de confusión y lo hicieron tratando de salvaguardar la vida y la salud”.
