En el mensaje del Auditor Superior de la Federación con motivo de la entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, el día 18 de febrero del presente año, ha establecido dos premisas que deben analizarse, por una parte “El valor de la fiscalización superior representa una base firme para entender la realidad”. Y la otra “La fiscalización superior tiene una incidencia real en la vida de las instituciones”.
Sí la fiscalización tuviera verdaderamente una incidencia en la vida de las instituciones, las observaciones e irregularidades debieran no solamente de ir a la baja sino los problemas y riesgos en las gestiones públicas tendrían que ser necesariamente menores. Pero resulta, al menos en Michoacán, que la fiscalización no ha tenido ninguna incidencia real en la administración estatal.
Por ejemplo, en el reciente Informe de la ASF se establece que, el mecanismo que pone en situación la vulnerabilidad el manejo de recursos y abre la puerta para supuestas transas tiene apodo. Le dicen “la licuadora”, consiste en que una secretaría de finanzas estatal deposita en una misma cuenta concentradora todos los recursos federales y locales a su alcance, y en esta cuenta se diluyen los orígenes y destinos de los mismos. Luego, pareciera que lo anterior representa una base firme para entender la realidad de las finanzas públicas. Pero como la fiscalización carece de historia, el Auditor Superior y la sociedad no tienen presente que en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006 de la ASF, las auditorías practicadas a dependencias tales como la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud no pudieron determinar los productos financieros ni conocer el fin que se les dio a éstos, derivado que la otrora Tesorería General del Estado como órgano rector de las finanzas estatales incumplió con la normatividad al mezclar los recursos provenientes de diversos fondos, originando una falta de rendición de cuentas (volumen 7, p.16). Por lo que se emitió la recomendación para que la Auditoría Superior de Michoacán informara a la Auditoría Superior de la Federación las gestiones realizadas para atender dicha observación. Y evidentemente no se hizo nada y han transcurrido siete años para que el Auditor Superior venga a decir lo mismo, no obstante el permanente desorden financiero que ha prevalecido en Michoacán.
Otro ejemplo, en el Informe de la Cuenta Pública 2013 se señala un probable daño a la Hacienda Pública Federal en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad por 230.6 millones de pesos. Y lo mismo, en el Informe de la Cuenta Pública 2006 al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública derivado de auditorías realizadas por la ASF se detectó “en la compra de armamento se encontró: no existe contrato mediante el cual se formalice la operación; no se cuenta con la documentación comprobatoria que soporte los pagos efectuados; no existe información ni registro del ingreso y salida del almacén de los bienes adquiridos”. Y de nueva cuenta el Auditor Superior ‘tira la piedra pero esconde la mano’ al señalar en su mensaje del 2013 que las entidades públicas carecen de controles, de ética e integridad.
¿Acaso no tienen corresponsabilidad la ASF y la ASM en no incidir en la gestión pública?
¿Acaso la ciudadanía con los Informes y actuaciones de las instituciones de fiscalización entienden la realidad de las finanzas públicas?
Y todavía Juan Manuel Portal, Auditor Superior de la Federación afirma en su mensaje que “las instituciones tienen la obligación de proporcionar elementos de certidumbre y objetividad”. Por favor, sí lo que priva en Michoacán es la incertidumbre y subjetividad en las finanzas estatales.
Claro, podrán argumentar que por ello se está impulsando el Sistema Nacional Anticorrupción y el otorgamiento de nuevas facultades a la ASF, sin embargo, se ha omitido transformar el sistema de rendición de cuentas y que la construcción de un andamiaje que combata a la corrupción requiere necesariamente la democratización de las entidades de fiscalización. Y seguramente se aprobarán las reformas constitucionales para dar paso al Sistema Nacional Anticorrupción pero seguirá prevaleciendo una fiscalización acrítica y autoritaria. Prueba de lo anterior, la afirmación del Auditor Superior “Para nadie es un secreto que, en la presente coyuntura, uno de los elementos más representativos del sentir general es la crisis de confianza por la que atraviesan las instituciones de la República”. Pero para todos es un secreto la omisión de la ASF en el seguimiento de irregularidades y mientras se privilegie el secretismo en su práctica, continuará irremediablemente aún con Sistema Nacional Anticorrupción, la fiscalización como moneda de cambio.
Mario Alberto Gómez Maldonado
Febrero 27, 2015
