Los sindicatos griegos llevaron a cabo ayer la primera jornada de un paro general de 24 horas, que incluyó una serie de protestas nacionales contra un paquete de medidas de austeridad que se someterá a votación hoy y que condenaría al país a más años de apretarse el cinturón a cambio de un rescate financiero internacional.
Los vuelos que llegaban y salían del país se interrumpieron por tres horas, en el comienzo de un paro de dos días que incluyó también el cierre de escuelas, así como la suspensión del servicio ferroviario y de transbordadores. Atenas se quedó sin transporte colectivo ni taxis, y los hospitales funcionaron únicamente con el personal de urgencias.
Más de 35 mil personas marcharon en dos protestas separadas que organizaron los sindicatos en Atenas. Otras 20 mil se concentraron para protestar en Tesalónica, la segunda ciudad más grande del país. La policía se declaró en alerta ante potenciales hechos de violencia, pues buena parte de las protestas antiausteridad en los últimos tres años han derivado en disturbios. Ayer la jornada transcurrió en calma.
El paro y las protestas, convocados por los dos principales sindicatos, el del sector privado GSEE y el estatal ADEDY, se extienden hasta hoy, cuando por la noche se espera la votación del Parlamento sobre el controvertido programa de recortes al gasto y aumentos a los impuestos, por un total de 13 mil 500 millones de euros (17 mil 300 millones de dólares), que se aplicaría en los próximos dos años.
El resultado de la votación está en duda, ante las discrepancias en el gobierno de coalición instaurado hace cinco meses, y debido a la reticencia entre los legisladores de centro-izquierda a la aprobación de más austeridad.
Pero el rechazo del paquete de ahorro dejaría a Grecia frente a la amenaza de incumplir con el pago de su colosal deuda, lo que eventualmente llevaría a que el país salga de la zona del euro.
Se trata de la mayor crisis política que ha enfrentado el primer ministro conservador Antonis Samaras desde junio, cuando formó la coalición. Su aliado menor, Izquierda Democrática, ha advertido que no respaldará las medidas, mientras que un puñado de legisladores del tercer partido de la coalición, el Socialista, se pronunciaría en contra del paquete de austeridad.
El lunes el gobierno llegó a un acuerdo con los acreedores internacionales para una serie de ajustes, tras meses de negociaciones. Éstos prevén aún más recortes de salarios de funcionarios y empleados públicos de hasta 20%, así como en las ayudas por hijo, a las que ya no podrán aspirar las familias que ganen más de 18 mil euros al año. Los más afectados son los jubilados, que verán recortadas sus pensiones por cuarta vez en tres años, en hasta 2 mil euros anuales. La paga extra por Navidad se elimina a los jubilados y a los empleados públicos. Los despidos se flexibilizan aún más y las indemnizaciones se recortan.
Si el gobierno de Samaras sobrevive a la votación el miércoles tendrá que superar una nueva barrera: la aprobación por el Parlamento del presupuesto anual.
