Con el señalamiento de que el Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE) carece de facultades legales para llevar a cabo cualquier acto en representación de la base sindicalizada, Rosalío Manríquez Coss planteó la necesidad de que se realice una asamblea extraordinaria para nombrar a un Comité Ejecutivo Interino que les represente en las negociaciones salariales con autoridades gubernamentales.
En entrevista por separado, el secretario general del STASPE, Antonio Ferreyra Piñón, dijo que los trabajadores son los que habrán de definir el futuro del sindicato, y si en su momento lo determinan está dispuesto a dejar la dirigencia que ostenta desde hace once años.
“No estoy aferrado al puesto”, responde. No obstante, Ferreyra Piñón hizo hincapié en que hasta el viernes de la semana pasada se reunió con funcionarios de la administración estatal en calidad de secretario general del STASPE, y ninguno le ha señalado que para fines de negociación esté desconocida su figura. Comité Ejecutivo carece de facultades legales, dicen expulsados Este lunes en conferencia de prensa, Rosalío Manríquez Coss y Jorge González López, dos de los cuatro expulsados por el STASPE en el 2008, anticiparon que valoran iniciar un proceso penal por la retención de prestaciones económicas que se les aplicó desde ese año. Manríquez Coss explicó que el pasado 21 de enero del presente año, el Consejo de la Judicatura Federal del Segundo Tribunal Colegiado de Materia Administrativa y de Trabajo informó que la ejecutoria del amparo que interpuso el STASPE fue debidamente cumplida, pero no le favoreció al gremio.
Fue así como después de 7 años con dos meses, se resolvió a favor de los promoventes la demanda de nulidad a la reforma aplicada a los estatutos del STASPE, que le permitió a Antonio Ferreyra Piñón reelegirse para el periodo que actualmente transcurre y culmina en febrero del próximo año. Por lo anterior, Manríquez Coss aseguró que el Comité Directivo que encabeza Antonio Ferreyra carece de facultades legales para llevar a cabo cualquier acto en representación de la base sindicalizada, y es necesaria una asamblea extraordinaria para nombrar a un Comité Ejecutivo Interino que los represente en las negociaciones salariales con representantes gubernamentales.
Explicó que para convocar a esa asamblea extraordinaria, antes deben reunir 500 firmas y citar con 10 días de anticipación a la fecha prevista. Recalcó que ésta tendría validez si acuden el 50 por ciento más uno de los afiliados al Staspe.
Jorge González López, por su parte, recordó que cuando interpusieron la demanda de nulidad a la reforma a los estatutos del Sindicato fueron expulsados “en un proceso irregular” con el argumento de que ponían en riesgo la estabilidad de la organización.
Respecto a la demanda que promovieron para ser nuevamente reinstalados anticipó que ya tiene una certificación como miembro activo del sindicato, otorgada ante la rebeldía del STASPE a acatar la resolución que en ese sentido hizo el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado.
Indicó que si bien el proceso de reingreso está por concluirse, aún está pendiente el laudo que obligaría al Sindicato restituirles las prestaciones que les quitaron desde junio de 2008 y hasta la fecha.
Ambos entrevistados destacaron que si las autoridades en turno se prestan a negociar con un Comité Ejecutivo desconocido jurídicamente, formarían parte de un conflicto netamente intersindical.
En charla por separado, Antonio Ferreyra Piñón refirió que las cuatro personas expulsadas “siempre” han antepuesto sus intereses personales, y ahora no les importa poner en riesgo las negociaciones económicas 2014 y 2015.
“Lamentablemente el gobierno del estado puede agarrarse de esta situación para no otorgar incremento”, acotó El líder gremial destacó que el resolutivo al que las personas antes citadas hacen referencia todavía no toma firmeza, “pero que digan lo que quieran, estamos haciendo lo que a nosotros corresponde”, exclamó, sin pormenorizar en ello.
No obstante, dejó en claro que ha sostenido pláticas con funcionarios de las Secretarías de Finanzas y de Gobierno en calidad de secretario general, que hasta el momento no lo han desconocido.
Para cerrar su intervención, consideró que será la base de los trabajadores la que a final de cuentas habrá de tener la última palabra, y si la determinación es removerlo de la dirigencia, la acatará.
