El presidente de México, Enrique Peña Nieto, no hará un mea culpa ante las denuncias de presunto conflicto de intereses en el que habrían incurrido su esposa y su secretario de Hacienda por la compra de sendas viviendas a un empresa vista como cercana al Gobierno, dijo este martes el portavoz presidencial.
En noviembre, poco antes de revelarse que la esposa del presidente Peña Nieto, Angélica Rivera, tenía un contrato con una unidad de la firma Grupo Higa para comprar una lujosa casa en Ciudad de México, el mandatario revocó sorpresivamente la licitación de un tren de alta velocidad que había ganado un consorcio en el que participaba esa empresa.
El escándalo de la ‘Casa Blanca’ de Rivera surgió en momentos en que Peña comenzaba a estar bajo fuego por la desaparición y posible masacre de 43 estudiantes de magisterio en manos de policías coludidos con narcos en el estado de Guerrero, poniendo en duda su estrategia de seguridad.
“No existe conflicto de intereses”, enfatizó el vocero presidencial Eduardo Sánchez en una entrevista con Reuters.
“Habrá un mea culpa, y lo habrá siempre cuando nosotros tomemos una decisión equivocada, y no nada más un mea culpa sino una corrección, una consecuencia que lo plantee. En esa medida lo habrá”, agregó.
El mea culpa es una expresión latina que se traduce como ‘por mi culpa’.
Rivera dijo el año pasado en un video que en 2012 firmó un contrato de compraventa con la Ingeniería Inmobiliaria del Centro -unidad de Higa- por la casa por 54 millones de pesos (casi cuatro millones de dólares), asegurando que la había pagado con el dinero que obtuvo por su carrera como actriz de Televisa.
Agregó que por la integridad de su familia pondría en venta los derechos sobre la mansión, ubicada en la lujosa zona de Las Lomas en la capital.
Pero el escándalo retomó los titulares cuando posteriormente se conoció que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, adquirió una casa a una inmobiliaria propiedad del dueño de Higa, Juan Armando Hinojosa, en octubre del 2012, tres meses después de que Peña ganara las elecciones presidenciales y cuando se desempeñaba como jefe de la transición.
Videgaray dijo entonces que en enero de 2014 pagó la totalidad de la casa por razones financieras y que estaba dispuesto a ser investigado por la compra del inmueble, valuado en unos 510,000 dólares.
Las denuncias levantaron quejas sobre la transparencia y combate contra la extendida corrupción en la segunda mayor economía de Latinoamérica.
El portavoz, además, defendió la estrategia de seguridad del Gobierno frente al crimen organizado y el narcotráfico, que precisó está enfocada en dos rutas: la prevención y la contención de delincuentes.
“La aplicación de la estrategia nos dice que estamos caminando en el sentido correcto, en la dirección adecuada. Vamos a ser disciplinados, vamos a mantener esta estrategia, le haremos los ajustes necesarios para tener mayor eficacia”, agregó.
Desde que Peña asumió en diciembre del 2012, más de 30,000 personas han muerto en hechos violentos. Aún cuando la cifra es menor comparada con el período equivalente de su predecesor, Felipe Calderón, y se ha logrado la captura de importantes capos, la delincuencia organizada se ha extendido a otras zonas del país y ha diversificado sus operaciones.
