Los cambios anunciados por Enrique Peña Nieto respecto a la “reorganización“ del Gobierno Federal, que incluyen la creación del órgano anticorrupción y devolver a Gobernación las tareas de seguridad pública, quedarán en simples cambios cosméticos que no resolverán los graves problemas que aquejan a nuestro país, pues la propuesta no va a acompañada de una visión estratégica y programática que implique un cambio de fondo requerido en áreas tan sensibles para el país.
Suprimir la Secretaría de Seguridad Pública y concentrar sus funciones bajo el mando de Gobernación representa el regreso del sistema policial represor del pasado priista y tiene como objetivo darle un manejo político y no policial a la seguridad pública; tiende a incremental la criminalización de la lucha social, promueve el uso de la inteligencia e información con fines políticos para combatir a la oposición organizada y no al crimen organizado. Todo ello sin duda se augura una mayor violación de los derechos humanos que la que presenciamos durante el sexenio que está a punto de terminar.
En realidad lo único que Peña Nieto está haciendo con este movimiento es acabar con la figura del super policía en que Calderón convirtió a Genaro García Luna para dar paso al super secretario en que se convertirá quien ocupe la instancia encargada de la seguridad interior de nuestro país, pues con una mano negociará y con la otra golpeará, que es la cultura autoritaria del pasado del PRI que se manifiesta abiertamente con esta propuesta de Peña Nieto.
Desaparecer la Secretaría de la Función Pública y crear la Comisión Nacional Anticorrupción, más que una verdadera instancia encaminada a desterrar una práctica que tiene un costo económico para nuestro país de 1.5 billones de pesos anuales, es un fallido intento de golpe mediático al carecer de autoridad moral para proponerlo por los escándalos de corrupción, endeudamiento y fraude electoral que han caracterizado al PRI.
Propone un esquema faccioso de integración de los cinco presuntos comisionados, los primeros cuatro de dos en dos para pactar con el PAN y dejar fuera a la izquierda y el PRD de esa discusión, y el quinto, solito al final, para garantizar su mayoría transexenal que selle el mecanismo de impunidad transexenal.
Dicha Comisión reedita los buenos deseos de los programas nacionales contra la corrupción anunciados cada sexenio desde la época priásica.
Lo más conveniente era darle autonomía y dientes a la Auditoría Superior de la Federación para que se convirtiera en el verdadero ente regulador de las malas prácticas que se realizan en las más altas esferas gubernamentales, que con estos cambios parece destinada a tener un papel secundario y solo contable en la materia.
Más que cambiarle de nombre a instancias como la secretaría de la reforma agraria -en adelante Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano- lo que se requiere es una verdadera redistribución del presupuesto anual que marque las verdaderas prioridades económicas y sociales del país, que de ninguna manera deben ser incrementar el gasto en las labores policiacas, sino abatir, por medio de mayores inversiones al campo, la pesca, la agricultura, la educación y la salud, los graves rezagos que siguen padeciendo millones de mexicanos ubicados dentro de los más de 50 millones de pobres que tiene nuestro país.
