A 15 días de que culmine el sexenio, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada (SEIDO), José Cuitláhuac Salinas Martínez, fue cesado del cargo, aunque para efectos formales se trató de una “renuncia“.
Horas antes del cese, el funcionario participó en la 15 Convención de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, donde dio a conocer que la Procuraduría General de la República (PGR) ha detectado más de 3 mil 600 formas para lavar dinero, lo cual convierte ese delito en uno de los más difíciles de tipificar.
Las primeras especulaciones sobre su despido apuntaban a que su primer círculo de colaboradores fue infiltrado por el narcotráfico tras la detención de servidores públicos de esa área que presuntamente daban información al cártel de Sinaloa.
Otra versión es que en Washington se realiza una investigación a partir de que testigos protegidos acusaron a una amiga cercana de la procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez, de tener nexos con el crimen organizado.
La identidad se ha tenido en reserva por la cercanía con la titular de la PGR, pero se asegura que es Guillermina Cabrera Figueroa, quien encabezó la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud, que forma parte de la SEIDO.
Las versiones aseguran que esa mujer, quien desde hace unos meses se encuentra en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, está vinculada con la red que ofrecía información a los operadores del capo Joaquín El Chapo Guzmán sobre averiguaciones previas en su contra.
El pasado 17 de octubre Cuitláhuac Salinas dio a conocer la detención y encarcelamiento de siete funcionarios federales y locales (tres de la subprocuraduría a su cargo), porque filtraban a la delincuencia actuaciones contra el cártel de Sinaloa.
Indicó que la investigación continuaba abierta, pues hay indicios que vinculan a más funcionarios de distintos niveles con la organización que encabeza El Chapo Guzmán.
Entre los detenidos mencionó a Juan Carlos de la Barreta Vite, quien salió de la PGR para incorporarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como empleado administrativo.
Otro fue Manuel Arroyo Martínez, quien fue coordinador técnico de Control de la SEIDO y quien se hacía pasar presuntamente como una persona “cercana” a la procuradora.
De la Barreta Vite era supuesto informante de Felipe Cabrera Sarabia, El Ingeniero o El señor de la sierra, detenido por el Ejército a finales de 2011 en Culiacán e identificado como el principal escolta de El Chapo Guzmán.
A raíz de la detención del presunto narcotraficante, De la Barrera Vite fue contactado por Víctor Omar Martínez Ferrara, quien solicitó información sobre el estado que guardaba el proceso contra El Ingeniero y datos que estaban aportando diversos testigos protegidos contra la mencionada organización criminal.
