El presidente Enrique Peña anuncio ayer un decálogo de medidas Por un México con Justicia, Paz y Desarrollo, el propósito de llevarlas a cabo en los hechos es impedir la infiltración del crimen organizado entre las autoridades municipales, así como clarificar el sistema de competencias en materia penal, establecer policías estatales únicas, garantizar la justicia en la vida cotidiana de las personas, abatir la corrupción, la impunidad y combatir la tortura y la desaparición forzada. Con todas estas y otras acciones más que seguramente Irán surgiendo se pretende fortalecer al Estado de Derecho, todas las soluciones que se adopten nos deben permitir un reencuentro con toda la sociedad. Esos remedios incluyen una nueva forma de organizar y de ejercer el poder.
El Estado de Derecho está formado por dos componentes: el Estado (como forma de organización política) y el Derecho (como conjunto de las normas que rigen el funcionamiento de una sociedad). En estos casos, por lo tanto, el poder del Estado se encuentra limitado y regulado por el Derecho.
En nuestro País se ha cuestionado la existencia y vigencia del Estado de Derecho, debido a los últimos acontecimientos sucedidos en algunos estados de la República.
Lo anterior se agrava mas, en cuanto al desconocimiento del Estado de Derecho, si tomamos en cuenta que de acuerdo a la última reforma de nuestra Constitución, las Garantías Individuales fueron consideradas como Derechos Humanos, por ello se establece en el tercer párrafo del Artículo primero lo siguiente:
“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. (Adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de Junio del 2011)
Se considera que el síntoma inequívoco de la ausencia del Estado de derecho, surge cuando las acciones de grupos organizados violentan la ley por encima de todos los ciudadanos y actúan sin ningún otro poder que les hiciera legítimo contrapeso.
El Estado de derecho, supone que el poder surge del pueblo, quien elige a sus representantes para que ejerzan el gobierno con la responsabilidad de garantizar la seguridad y bienestar del pueblo. Si juzgamos lo acontecido últimamente podemos considerar que es necesario que el Estado Federal en coordinación con los estados y municipios deba actuar y ejercer la facultad que permita retomar el orden jurídico afectado, como lo ha planteado el Presidente.
La noción de democracia es otro concepto relacionado con el Estado de Derecho, ya que supone que el pueblo tiene el poder y lo ejerce mediante las elecciones, cuando elige a sus representantes, confiando en que cumplirán lo ofrecido en las campañas políticas, por lo que deben ser los actores políticos más preocupados para exigir a nombre del pueblo el cumplimiento del Estado de Derecho.
Es importante señalar que en todos los territorios existe algún tipo de ordenamiento jurídico pero que ello no implica que en el mismo rija un Estado de Derecho, ya que para que éste exista es necesario que la sociedad política se encuentre plenamente involucrada y donde las normas aseguren que todo ciudadano será tratado por igual frente a la justicia.
Es importante mencionar que para que sea considerado como tal un Estado de Derecho debe cumplir una serie de normas, las mismas son:
1.- La Ley debe ser el mandato fundamental: todos los ciudadanos, incluso quienes gobiernen deben someterse a las leyes y ser juzgados en igualdad de condiciones y no se harán excepciones a ningún individuo, por alto que sea el cargo que posea.
2.- Deben garantizarse todos los Derechos y Libertades: es responsabilidad del Estado que la Ley se cumpla y que en ella se vele por la libertad de todos los individuos que viven bajo su tutela; la norma máxima del Estado es garantizar este principio.
3.- La Administración debe encontrarse limitada por la Ley: los directivos del Estado pertenecen a dos cuerpos diferentes: el Gobierno y la Administración, ésta se trata de un elemento no-político y se compone de los funcionarios, y, al igual que el gobierno, se encuentra limitada a las leyes que rijan sobre el territorio.
Otra conducta ilícita que afecta al Estado de Derecho es la corrupción, en este rubro se tiene que ir a fondo para abatirla, eso explica la exigencia de crear una verdadera fiscalía para combatir la impunidad en casos de corrupción que pasa una factura carísima en inversiones, en empleos, en bienestar. La única forma de corregir los hechos y la percepción es encarando la impunidad. Ese es el eslabón que falta y al que también se refirió el Presidente, se requiere que la Fiscalía Anticorrupción, sea unipersonal, con capacidad de investigación a servidores públicos y a particulares que incidan en esos delitos, mismos que no prescribirán en un plazo inferior a cinco años.
Mi convicción es que la institución encargada de combatirla debe tener facultades de Ministerio Público. La gran mayoría de los casos de impunidad en esta área se producen por omisión, es decir, la autoridad no investiga.
No podemos permitir que la democracia sea utilizada en forma perversa al grado tal que los ciudadanos, de países diferentes, se sientan decepcionados por la política y lleguen a sentir que viven en un territorio anárquico. Esta manera de pensar tan actual y tan nefasta para la política ha hecho trastabillar las bases del Estado de Derecho y obliga a que se busquen con urgencia alternativas para recuperar la confianza del pueblo en sus representantes y la formación de una sociedad igualitaria y responsable políticamente, el Presidente acepta con sencillez que el hartazgo de la sociedad obliga al gobierno a actuar en forma inmediata.
Morelia, Mich. A 28 de noviembre del 2014-11-28
Lic. Victor Manuel Tinoco Rubí
