El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha considerado que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se ha equivocado al ampliar la extensión de las aguas territoriales de Nicaragua, a pesar de que ha reconocido la soberanía colombiana sobre los siete cayos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que se disputaban ambos países.
En una rueda de prensa ofrecida desde el archipiélago, Santos ha rechazado “enfáticamente” la delimitación marítima que la CIJ ha hecho entre ambos países porque la extensión de las aguas territoriales nicaragüenses hasta las 200 millas náuticas en todos los puntos de la línea limítrofe “afecta negativamente a Colombia”.
El mandatario ha explicado que con la nueva delimitación la frontera marítima empieza en el oeste del archipiélago colombiano, entre sus islas, y se extiende hasta las 200 millas náuticas de la costa nicaragüense, lo que supone aislar a los cayos de Serrana, Serranilla, Quitasueño y Bajo Nuevo.
“Esto es inconsistente con lo que la propia CIJ ha reconocido –la soberanía colombiana sobre todo el archipiélago entendiéndolo como una unidad que genera derechos de plataforma continental y zona económica exclusiva–“, ha dicho, según informa la Casa de Nariño en un comunicado.
Además, Santos ha apuntado que la nueva delimitación marítima contradice el tratado de Esguerra-Bárcenas, que toma como referencia para dibujar la línea limítrofe el meridiano 82, a pesar de que el alto tribunal ha declarado que dicho acuerdo internacional está vigente.
A ello, ha añadido que la decisión de la CIJ sobre las aguas nicaragüenses “desconoce otros acuerdos internacionales sobre límites marítimos suscritos por Colombia”, lo que genera “una serie de complejidades” que obligarán al país a trabajar con sus vecinos caribeños para resolverlas.
“Todo ello son omisiones, errores, excesos, inconsistencias de la CIJ, que no podemos aceptar porque supone una reducción de los derechos de jurisdicción de Colombia sobre áreas marítimas”, ha considerado.
Así, ha anunciado que, dado que “la CIJ ha incurrido en serias equivocaciones”, su Gobierno no va a descartar ningún recurso o mecanismo contemplado en el Derecho Internacional para defender los derechos de Colombia”.
En concreto, ha explicado que este fallo es de difícil encaje en la Constitución, cuyo artículo 101 establece que cualquier cambio en la delimitación de las fronteras debe hacerse a través de tratados internacionales suscritos por el Congreso, ratificados por el jefe de Estado y aprobados por reforma constitucional.
“A mí me eligieron, ante todo, para hacer cumplir la Constitución de Colombia y dentro de esos deberes constitucionales está proteger y garantizar los derechos de los colombianos y honrar los tratados internacionales suscritos con otros países del Caribe”, ha subrayado.
A este respecto ha añadido que le compete también “la defensa de los intereses y de los derechos de los colombianos, y en especial de los habitantes del archipiélago”. “Los sanandresanos pueden tener la seguridad de que defenderemos con absoluta firmeza sus derechos”, ha sostenido.
“Esta misma noche dormiré en San Andrés, y mañana me reuniré con los dirigentes y representantes de la comunidad para evaluar no sólo esta situación sino el avance de otros compromisos que el Gobierno nacional ha hecho con nuestro departamento de ultramar”, ha adelantado.
