Por su probable responsabilidad en los delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita, esta mañana se ejecutó la orden de aprehensión contra Desiderio Camacho Garibo quien fungiera como secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del estado de Michoacán, durante la administración del Gobernador Leonel Godoy Rangel.

Lo anterior fue informado esta mañana por el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral para el Estado de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, quien agregó que el inculpado, durante el desempeño de su cargo en el periodo 2008 al 2012, incrementó de manera ilícita y sustancial su patrimonio, toda vez que de acuerdo al informe remitido por la Dirección del Registro Público de la Propiedad, Raíz y del Comercio del Estado, Camacho Garibo ocultó declarar más de 21 propiedades las cuales tienen un valor catastral de varios millones de pesos, pudiendo llegar su valor comercial a más de cien millones.

Indicó que además se le pudo detectar a través del informe emitido por la Dirección de Ingresos del Gobierno del Estado que el hoy detenido detentaba más de ocho vehículos de lujo, de reciente modelo, así como una lancha para pesca deportiva.

El exservidor público realizó, dijo, una inversión al capital de la sociedad que tiene constituida con su familia por 15.9 millones de pesos para la construcción de la Clínica denominada Centro Médico de Especialidades Santa Clara, ubicada en Lázaro Cárdenas, sociedad que aperturaron en el 2010 cuando el hoy detenido era secretario de Obras.

Será también materia de proceso hacer el inventario del valor total del equipamiento de la Clínica Médica como laboratorios, camas, farmacia, quirófano, capilla, entre otros

A la fecha, precisó Castillo, 32 ex servidores públicos por desvíos de recursos, entre ellos el exsecretario de finanzas del ex gobernador Lázaro Cardenas Batel, así como del ex gobernador Leonel Godoy Rangel, Humberto Suárez López, a quien el Poder Judicial del Estado impuso la caución más alta impuesta hasta el día de hoy, a efecto de garantizar el pago de la reparación del daño por más de 50 millones de pesos, ex servidor público que actualmente se encuentra sujeto a proceso penal.