México es de nueva cuenta escenario de la violencia y refleja una vez más la incapacidad de las autoridades de esclarecer los hechos delictivos. Esta vez le tocó a Iguala, Guerrero, un caso que deja ver a todas luces el quiebre al respeto de los Derechos Humanos y puntualiza los señalamientos que diversas organizaciones han hecho al país sobre el creciente número de desapariciones forzadas.
Los ojos de varios países han volteado a ver a México, manifestaciones se gestan a diario tanto en la capital como en diversos estados y en varias naciones. El eco de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa desde el pasado 26 de septiembre ha llegado incluso hasta los oídos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que el pasado viernes 24 de octubre pidió a las autoridades acelerar las investigaciones sobre los hechos además del pronto esclarecimiento de la situación que ha puesto en jaque al Gobierno.
La presión social y las manifestaciones, a las cuales se han sumado cientos de estudiantes de las principales casas de estudios del país, bajo la exigencia de la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos, motivaron que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca —prófugo de la justicia junto a su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa—, y el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, solicitaran licencia para dar marcha sin obstáculos a las indagatorias.
Hoy se cumple un mes de la desaparición de los jóvenes estudiantes, y a continuación presentamos una cronología de los hechos acaecidos en Iguala, Guerrero el pasado 26 de septiembre.
