Las extorsiones y el cobro de derecho de piso en el Aeropuerto Internacional de Morelia (AIM) a prestadores de servicios turísticos por parte de elementos de la Policía Federal División Caminos atentan contra la recuperación de la actividad en el sector en el estado, además de que limitan y condicionan la rentabilidad de empresas del ramo.
De acuerdo con un prestador de servicios turísticos que declinó especificar su identidad, transportistas de turistas que arriban al AIM son “extorsionados” por la corporación de seguridad, ya que para no pagar los 400 pesos por cada viaje realizado que requieren las autoridades administrativas del aeropuerto, los elementos exigen entre 100 pesos y 200 pesos por unidad para permitir la circulación de los vehículos de uso turístico.
“Nos bajan a los turistas, inclusive cuando ya están en los automotores, si no pagamos las cuotas que nos piden; nosotros, para poder recoger en el AIM a los turistas que nos contratan, debemos pagar 400 pesos a la administración del Aeropuerto, 100 pesos en casetas, 200 pesos de salario al operador, 50 pesos de estacionamiento y alrededor de 200 pesos de gasolina, por un servicio que no podemos cobrar en más de 700 pesos, lo que nos deja una pérdida mínima de 250 pesos.
“Ante esta situación, muchos prefieren pagar de 100 pesos a 200 pesos a los elementos de la Policía Federal, ya que les permite tener un pequeño margen de utilidad en el corto plazo, a cambio de alimentar la corrupción”, detalló el prestador de servicios turísticos.
Expresó que ha pedido la intervención de las autoridades del AIM, quienes declararon que en el cobro de derecho de piso los policías federales de Caminos “mandan”, por lo que están imposibilitados para actuar, en tanto que la Secretaría de Turismo (Sectur) sí interviene, pero los beneficios son sólo por espacios breves de tiempo o eventos específicos.
La actuación de los elementos de seguridad en el AIM se extiende a los viajantes internacionales, quienes son aguardados por los policías al exterior del estacionamiento para “buscar la mínima causal de infracción y así sacar dinero, porque el en AIM la Policía está para fregar”.
Si bien reconoció la existencia de irregularidades entre los prestadores de servicios de transporte de turistas que operan en la terminal aérea situada en el municipio de Álvaro Obregón, como la falta de placas o licencia federales entre los operadores, expresó que la falta de recursos económicos favorece el trabajo sin condiciones adecuadas.
“Una licencia estatal cuesta 500 pesos, pero una licencia federal alcanza los cinco mil pesos, por lo que muchos operadores no cuentan con los recursos para solventar este gasto y se arriesgan a trabajar un tiempo así, lo que aprovecha la Policía Federal de Caminos para multar a los transportistas y dar a entender, una vez que se les impone la infracción debida, de 500 salarios mínimos o 33 mil 645 pesos, que hay otras formas de solucionar el problema”, refirió el prestador de servicios turísticos, quien insistió en que “la autoridad da temor cuando nos revisa”.
