En Sesión Ordinaria y ante el Pleno de la LXXII Legislatura del H. Congreso de Michoacán, compareció este día el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra.
Al hacer uso de la palabra, el funcionario estatal refirió que al momento de asumir el cargo como Secretario de Seguridad Pública, en el estado se encontraba activamente presente y de manera predominante un grupo criminal quien tenía el control de varios factores detonantes para la estabilidad y gobernanza de los ciudadanos.
Dicho grupo criminal, señaló, se infiltró en las instituciones de Seguridad Pública, entre ellas las policías municipales, la Procuraduría General de Justicia del estado y la Secretaría de Seguridad Pública.
Por lo anterior, destacó el acuerdo de coordinación entre el Ejecutivo Federal y el estado de Michoacán suscrito el pasado 13 de enero con el objeto de establecer las bases para que el Gobierno federal brindara apoyo en materia de seguridad pública a nuestro estado a fin de restablecer la seguridad y el orden público.
De igual forma, el pasado 15 de enero el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto emitió un decreto por el cual se crea la Comisión para la seguridad y Desarrollo Integral para el Estado de Michoacán con el objeto de ejercer la coordinación de todas las autoridades federales para el restablecimiento del orden.
Aunado, dijo, la estrategia que se implementó en la entidad en materia de seguridad pública consistió en recuperar el control territorial que tenía el crimen organizado, para lo cual se determinó enviar al Centro de adiestramiento de la Sedena ubicado en el Estado de Tlaxcala para capacitación y evaluación a policías de 26 municipios, donde asumió la Policía Federal el control de la Seguridad Pública, hasta la fecha.
En virtud de lo anterior, informó, la Secretaría quedó operativamente dividida de manera desconcentrada en seis regiones que comprenden a los 113 municipios del estado. Con dicha regionalización, puntualizó, se establecieron los mecanismos de coordinación que responden en materia más ágil a las necesidades de seguridad para la ciudadanía. “La SSP junto con la PGJE estamos recuperando la confianza social, hoy los ciudadanos saben que estamos luchando con ellos y para ellos”.
Con los avances de la estrategia de seguridad, informó, en el mes de abril se inició el proceso de depuración de las instituciones de seguridad pública así como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de todos aquellos integrantes que no acreditaron los exámenes de permanencia en el servicio.
Sobre lo anterior puntualizó que el Centro de Control y Confianza no depende de la Secretaría, las evaluaciones practicadas a los servidores públicos estatales fueron realizadas antes de su nombramiento como titular de la dependencia y los resultados de las evaluaciones son integrales, es decir, no se obtiene un reporte cuando las personas reprueban una evaluación concreta.
La SSP, explicó, por disposición legal no tiene acceso al expediente de evaluación. Una vez que se notifica a las corporaciones de seguridad sobre la no acreditación de las evaluaciones de algún elemento “estamos obligados por ley a la inmediata separación de su cargo y no se tiene derecho de ser reinstalados.
A fin de otorgar certeza a la sociedad, el funcionario estatal propuso a los integrantes de la LXXII Legislatura modificar diversas disposiciones del Código Penal del Estado y establecer el agravante de delito cuando haya ilícitos cometidos por ex policías y/o ex servidores públicos. Con esta reforma dijo, se busca incidir en las conductas de los ex policías dados de baja, a efecto de que todo ex servidor público se conduzca dentro del marco legal y con estricto apego a la normatividad.
Castellanos Becerra informó que el modelo de fuerza ciudadana es un modelo policial de Seguridad Pública, que compromete a todos los involucrados a hacer la parte que a cada quien le toca, de manera coordinada. Es un modelo que tiene como pilar principal la formación de integrantes de la fuerza pública y que prioriza los principios, valores y virtudes de los elementos.
Intervenciones legisladores
Al referir que en el 2014 la Secretaría de Seguridad Pública ha ejercido 666.5 millones de pesos de un presupuesto ampliado de 2 mil 253 millones y considerando que la seguridad es un área elemental para el desarrollo social y económico del estado y que en el 2015 se implementará el Nuevo Sistema de Justicia Penal, el diputado local Sarbelio Molina Vélez de la representación parlamentaria cuestionó el por qué para el 2015, en la propuesta enviada por el Ejecutivo estatal se contempla un presupuesto menor de mil 825 millones de pesos, una diferencia, dijo, de más menos 270 millones de pesos. Entonces, subrayó, no encuentro concordancia entre las necesidades de la dependencia y lo que propone el Ejecutivo en el presupuesto para el 2015. Participó, cuestionó, el área de administración de la SSP en la elaboración del presupuesto o es un presupuesto que se hizo en otro lugar?
A lo anterior, el titular de la SSP informó que hizo llegar a la Secretaría de Finanzas una propuesta con las inquietudes y proyección de la dependencia en la cual se contempla el Sistema Procesal Acusatorio a implementarse, lo que trae un impacto en el presupuesto de egresos y en el ejercicio de gastos de la Secretaría.
El Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Sergio Enrique Benítez, coincidió en destacar que uno de los problemas que más preocupan a la población es el tema del Mando Unificado, toda vez que existe confusión sobre a quién pueden acudir en caso de algún atentado a su seguridad.
Para ello, ejemplificó la situación de la ciudad de Uruapan, distrito al cual representa y en donde, asegura, existe presencia de Policías Federales, Fuerzas Ciudadanas, civiles que no portan uniforme pero sí armas, así como policías municipales y elementos que se hacen llamar comunitarios.
Así, el parlamentario consideró oportuno retomar el fin último del Mando Unificado, ya que éste podría solucionar realmente la problemática que padece el Estado en materia de seguridad; no obstante, consideró que no ha sido posible concretarlo de manera adecuada, a lo que conminó al funcionario estatal, revisar junto con los 113 municipios de Michoacán cuáles sí lo aprueban y bajo qué esquema se les hará llegar los recursos acordados, dado que ésta es una de las inquietudes por las cuáles algunos presidentes municipales no están de acuerdo con su instauración.
Enseguida, durante su intervención, la diputada Cristina Portillo Ayala, de la fracción parlamentaria del PRD, hizo un llamado a todos los órdenes de gobierno para retomar el camino del consenso y del diálogo, por lo que resulta fundamental que todos trabajen de manera conjunta y puedan concretarse proyectos de trascendencia como la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, para lo cual, el Congreso local a través de sus comisiones, ha trabajado de forma conjunta la nueva Ley de Seguridad Pública.
En respuesta a éstos y otros cuestionamientos realizados por la legisladora, el Secretario de Seguridad informó que de acuerdo a las estadísticas nacionales, Michoacán ha visto disminuido el número de secuestros y robos que anteriormente se daban cada mes.
Durante los últimos 3 meses, de los 25 secuestros que se reportaban, en el mes de septiembre sólo se registraron 2; en el mes de agosto 2 y en julio sólo se registró uno, situación que refleja a decir del funcionario, la mayor y mejor coordinación que se ha implementado entre las dependencias responsables de la procuración de justicia y de la seguridad en el Estado.
Al argumentar que por muchos años se había observado que la Secretaría de Seguridad Pública se encontraba desvinculada por distintas razones de la Procuraduría General de Justicia, lo que había impedido poner en práctica acciones conjuntas para salvaguardar la integridad y derechos de las personas, la vicecoordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionaria Institucional, la diputada Daniela de los Santos Torres, planteó, en ese sentido, cuáles han sido las acciones que se han emprendido para lograr articular esfuerzos y recursos para hacer frente a los problemas de inseguridad en el estado con la PJGE e inclusive con el Poder Judicial como instancia encargada de la procuración de justicia. La legisladora finalizó su intervención reiterando el compromiso de los diputados para fortalecer las instituciones. “Como legisladores priistas haremos lo necesario para fortalecer las instituciones y en este caso la SSP”.
A lo anterior, el titular de la SSP respondió que el secreto y el éxito de los resultados alcanzados es trabajar día a día, noche a noche, en un marco de cordialidad con el Procurador en el Estado, cumpliendo siempre con el mandato establecido en la Constitución Política. Ese resaltó, es el resultado de los logros alcanzados y lo que hoy coloca a Michoacán “con una cara diferente”.
Participaron también, en la ronda de preguntas y respuestas, los diputados Laura González Martínez, Reginaldo Sandoval Flores, Eleazar Aparicio Tercero, Sebastián Naranjo Blanco, Selene Vázquez Alatorre y Leonardo Guzmán Mares.
