El próximo primero de diciembre se realizará el relevo de la Presidencia de la República y tomará posesión del cargo ante el Congreso de la Unión Enrique Peña Nieto. Su llegada se da en un marco de deterioro de la figura presidencial derivada del origen cuestionable de las últimas dos elecciones y de las caóticas administraciones del PAN.
Compartimos con todo el movimiento progresista que se trata de una imposición y aun cuando hemos agotado las instancias legales para impugnarlo, el País, la ciudadanía y nuestro movimiento, estamos agraviados, por ello no podemos simplemente considerar este evento como un relevo republicano democrático.
Sostenemos que hubo una intervención ilegal de los gobernadores y un uso indebido de los medios para favorecer al candidato priísta. Al mismo tiempo reiteramos que se encuentran pendiente las investigaciones sobre el origen de los recursos financieros utilizados por el Partido que se arrogó el triunfo
La resolución del TEPJF legaliza un fraude basado en la inequidad, sin haber agotado los procesos de fiscalización de los gastos de campaña legitima la compra del voto y con ello trastoca la voluntad popular; expresa la impunidad de los poderes fácticos para imponer una Presidencia benéfica a sus intereses mediante una alternancia entre las derechas, con el objeto de continuar el proyecto neoliberal empobrecedor y excluyente que pretenden perfeccionar impulsando una nueva generación de reformas estructurales para fortalecer las condiciones que perpetúen el régimen de privilegios.
El primer golpe ya ha sido dado al aprobarse la Reforma Laboral que despojó a los trabajadores de conquistas centenarias para restablecer condiciones ventajosas al capital. Por ello, en esta nueva etapa de combate por los derechos de la gente es importante profundizar la unidad de las izquierdas y mantener activo el movimiento progresista del país.
El país se encuentra dividido y no será fácil crear un nuevo consenso nacional. Quienes llegan mediante la ilegitimidad erróneamente están tratando de generar la estabilidad a través de las formas tradicionales y autoritarias, que pueden crispar aun más el ambiente político y reducir las posibilidades de avance de la Nación.
Por el bien del país, quienes ostentarán el Poder Ejecutivo están obligados a construir una gobernabilidad democrática para el desarrollo del país, partiendo de un proceso de acuerdos para la transformación de las instituciones en aquellos aspectos que están maduros en el ánimo de la sociedad
Aún en las condiciones más complejas, la izquierda que representa al PRD, ha estado siempre dispuesta a impulsar, mediante el consenso, modificaciones sustanciales en el ejercicio de gobierno y en la generación de políticas públicas.
Los interlocutores oficiosos del nuevo gobierno han buscado el acercamiento con los distintos liderazgos de la izquierda en un afán de crear un cuadro de múltiples interlocuciones que fracture al movimiento en su conjunto y otorgue mayor fuerza al nuevo Gobierno sobre la base de exaltar intereses grupales o individuales.
Se trata del viejo método de cooptar a algunos opositores, pactar avances limitados con otros mientras se excluye o reprime a los sectores más definidos, esquema que le funcionó al régimen priísta durante décadas. No es deseable que existiendo un debate vigoroso al seno de la izquierda y de nuestro Partido haya liderazgos que propicien o acepten esta forma de relación no institucional con sectores gubernamentales. Rechazamos la posibilidad de encuentros soterrados con el equipo de Peña Nieto, que generen desconfianza y nos aíslen de la ciudadanía.
La construcción de la gobernabilidad democrática y la aplicación de las políticas públicas de Estado deben realizarse por el PRD de manera institucional en una instancia comprometida con el resultado plural de la elección. Asumimos que el debate entre la izquierda y el nuevo gobierno es algo a que estamos comprometidos con nuestros electores, quienes esperan certeza en la concreción de sus anhelos para los próximos años.
Por ello somos partidarios del establecimiento de una mesa política al más alto nivel, transparente, pública y basada en una agenda de transformaciones sustanciales de cara a la nación, en la que se realice el diálogo y la búsqueda de puntos de coincidencia para la construcción de una gobernabilidad democrática y el establecimiento de políticas de Estado que beneficien al pueblo y preserven los intereses nacionales.
Ante ello, Foro Nuevo Sol llama a la Comisión Política Nacional del PRD a tomar las resoluciones necesarias para que de manera institucional se establezca esa mesa política transparente de acuerdos en la que participen las coordinaciones legislativas y la Dirección Nacional del PRD con el nuevo Titular del Ejecutivo. Esta mesa política deberá tener una agenda precisa, que impida la divagación y la frivolidad a la que con el fin de disminuir el peso de los opositores, siempre se pretende conducir la imagen del diálogo por algunos medios de comunicación,
Los temas principales que enunciativa y no limitativamente proponemos son:
1.- Una Nueva Constitución para México que lo sitúe en lo más avanzado de la democracia, el ejercicio de las libertades y los derechos al ampliar las garantías para los ciudadanos y la eficacia para servir de las instituciones.
2.- Reforma Política que revise el equilibrio de Poderes, amplíe los derechos ciudadanos, genere mayor equidad y transparencia; que establezca un nuevo régimen político que otorgue mayor peso al Legislativo en la formación del gobierno y la formulación de políticas públicas, con revocabilidad de mandato para el Ejecutivo por parte de aquel.
3.- Establecimiento de una política de Seguridad Pública que al modificar las estrategias de combate al crimen conforme un ambiente paz y habitabilidad que dé confianza a los mexicanos y mexicanas.
4.- Una Reforma de medios de comunicación que limite el inmenso poder de los monopolios.
5.- Una Reforma Electoral que limite la intervención de los poderes fácticos y el uso del dinero ilegal, que y regule aún más la capacidad de los medios de comunicación para promover precandidaturas y orientar el voto.
6.- Una Reforma Fiscal que grave la ganancia y no el consumo y una ley de coordinación fiscal que aumente la capacidad financiera de estados y municipios, disminuyendo la discrecionalidad del Ejecutivo en la asignación de los mismos.
7.- Una reforma educativa que fortalezca la democracia, el desarrollo y la creación de ciudadanía; que impulse la capacidad productiva, tecnológica y científica de la nación y desarrolle nuestros valores históricos y culturales.
Estos y otros puntos deberán ser objeto de construcción de consensos en esa instancia bilateral, la cual deberá informar ampliamente a la ciudadanía de los avances y en todo momento será pública.
Nuestros electores reclaman una izquierda responsable, que defienda los derechos ciudadanos y al mismo tiempo construya los acuerdos para gobernar con democracia y equidad. El PRD tiene las condiciones para conformarse en esa fuerza necesaria para el país.
