LIC. JOAQUÍN GABRIEL MONTIEL AGUILAR
P r e s e n t e.
Cuando Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, en el Congreso de la Unión, afirmó que no habrá más recursos federales hasta que se aclaren las finanzas estatales; no genera tranquilidad en los ciudadanos de Michoacán, por ello, Usted ha reconocido que en la Coordinación de Contraloría de la cual es su titular “existe preocupación por la falta de comprobación por un monto superior a los 12 mil millones de pesos no aclarados en su aplicación en anteriores administraciones”.
Por lo que, la Secretaría de Finanzas se encuentra en la mira de la Contraloría. Más han transcurrido tres años desde el inicio de la gestión de Fausto Vallejo, dos contralores le han antecedido y han pasado más con pena que con resultados, y ahora con menos tiempo, éste gobierno debería entender o reconocer que aclarar dichos recursos es una tarea imposible.
Pero tal reconocimiento implicaría la aceptación que las fallas no sólo han sido responsabilidad de las entidades y áreas operativas sino también de la Coordinación de Contraloría y Auditoría Superior de Michoacán, asimismo en corresponsabilidad con la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Veamos. La falta de certidumbre en el manejo de las finanzas en Michoacán no se generó de forma espontánea ni transcurrió en la oscuridad. Ya en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006 de la ASF, observó que tanto en la Secretaría de Salud como en la Secretaría de Educación del Estado, no se abrieron cuentas bancarias para la recepción, administración y manejo de sus recursos, dado que la Tesorería General del Estado, era la encargada de recibirlos, registrarlos y manejarlos. Y al solicitar la auditoría de la ASF la cantidad de productos financieros generados por dichos programas, la información proporcionada por la Tesorería no fue útil para identificarlos ni para conocer el fin que se les había dado a estos. Por lo anterior, se emitió la recomendación para que la Auditoría Superior de Michoacán informará a la ASF las gestiones realizadas para atender la observación determinada (volumen 7, p. 16).
Por lo tanto:
1. Sí la Auditoría Superior de la Federación fue incapaz de determinar los productos financieros de recursos en las Secretarías mencionadas, derivado por el depósito en cuentas bancarias concentradoras en la Tesorería General del Estado, mucho menos, ahora, cualquier auditoría podrá determinar los recursos de cada programa y cada una de las entidades estatales, e incluso, municipales, dado la mezcla de los mismos. La falta de claridad y confusión es enorme.
2. La auditoría para dar resultados requiere necesariamente de la implementación previa de sistemas de control interno, de la detección y disminución de áreas de riesgo, y sobre todo, que sus recomendaciones sean tomadas en cuenta, y en Michoacán, dichas condiciones no han existido.
3. Los órganos de fiscalización, sí tienen responsabilidad porque tuvieron conocimiento del descontrol de las finanzas estatales. Y si no les dio vista, el Informe de Resultados es un documento público, y debieron de estar al tanto de la situación que prevalecía en las finanzas.
4. Que la Coordinación de Contraloría pretenda esclarecer el monto faltante resulta un trabajo inútil. Su esfuerzo y tiempo debería emplearse a mejorar el procedimiento de entrega-recepción de las administraciones estatales, y capacitar a sus auditores en llevar a cabo “cortes” bancarios y financieros a efecto de que la próxima entrega-recepción de la gestión estatal no se contamine con la confusión e incertidumbre que ha privado en el manejo de los fondos públicos en Michoacán. El tiempo es apremiante.
5. Corregir la dirección de la Coordinación de Contraloría, se precisa para que el gobierno de Salvador Jara no quede como una administración en materia de fiscalización fallida.
El límite del presente escrito no permite abordar otros puntos discutibles que prevalecen en el pensamiento de su Coordinación, y tampoco tengo esperanza que las ideas arriba mencionadas sean tomadas en cuenta, como lo fue mi artículo “La opacidad en la Cuenta Pública 2006” por el Poder Ejecutivo y Legislativo, de otra manera tendríamos otro panorama en materia de fiscalización. Y quizá, los ciudadanos sí tuviéramos un poco más de tranquilidad.
Mario Alberto Gómez Maldonado
[email protected]
Septiembre 12, 2014.
