La mayoría de las reformas planteadas en el Pacto por México ya fueron aprobadas. Coordinar y operar acuerdos políticos no fue tarea fácil, creo que con lo que se logro se envío un mensaje de madurez política al pueblo de México, destacó la capacidad de negociación del Ejecutivo Federal, la voluntad política del Legislativo y la participación decidida de los Partidos.
Ahora el Presidente promete pasar a la etapa de la implementación, resultaría normal y lógico esperar que para lograr concretar ese acuerdo plasmado en las reformas, simplemente se lograría llevando a cabo en la práctica por parte del Gobierno, cumplir con las leyes que aprobaron en todos los ámbitos.
Una materia muy sensible que reclama la sociedad es precisamente revisar pendientes, el Senado entrará de lleno en la redacción tanto de la Ley General como de la Ley Federal en materia de transparencia y acceso a la información. En el rubro de rendición de cuentas, combate a la corrupción y la impunidad se debe insistir y poner énfasis en su aprobación como se hizo con la Reforma Energética o la Político Electoral.
La materia de Transparencia es una verdadera exigencia para todo poder público, incluido el Congreso. Por ello no podemos dejar que se nos distraigan los legisladores y se dediquen a desahogar los pendientes que todavía están pendientes.
Cambiar al IFAI y constituirlo en un máximo tribunal en materia de transparencia y en eje director del acceso a la información pública no será tarea sencilla. El IFAI deberá establecer una relación respetuosa de competencia con las entidades federales, sin embargo no se puede desligar, atendiendo al sistema federal que nos rige, a su obligación de autoridad máxima y exigir a los órganos locales que cumplan con la misma obligación.
Considero que se debe buscar una redacción sencilla que evite simulaciones y controversias constitucionales en su aplicación, recursos utilizados muchas veces con el único afán de alargar los procesos de información pública. Urge certeza en las facultades que tendrá el Pleno del IFAI para dictaminar su ámbito de competencia en relación a las leyes locales, es necesario definir los casos concretos, predecir cuándo, cómo y con qué consecuencias. Las leyes secundarias deberán establecer sin dejar espacios a la duda o la interpretación, la normatividad debe aplicar para el Congreso de la Unión, los organismos constitucionales autónomos, las universidades públicas, los partidos políticos y sindicatos, PEMEX y CFE cuya definición constitucional es una innovación sin precedentes.
La vigilancia hacia el funcionamiento de la administración pública debe ser puntual por la sociedad y por los órganos de regulación y supervisión gubernamental en materia de corrupción y transparencia para evitar que funcionarios de todos los niveles actúen siguiendo órdenes que pretendan persistir en la opacidad.
El Gobierno federal ahora enfrenta la tarea de asegurarse de que esos cambios beneficien a todos los mexicanos y permitan mejorar los ingresos en un país donde por décadas las promesas presidenciales de prosperidad han resultado insuficientes.
El Presidente lo ha dicho: “Lo más importante es asegurar que los beneficios que hemos señalado, de los que hemos hablado (…) realmente se materialicen, y sean tangibles y visibles para la población (…) en el período más pronto posible”.
Las reformas, que incluyen 85 cambios a la Constitución, están dirigidas, entre otras cosas, a modificar el sistema fiscal, mejorar el sistema educativo del país al exigir que el sindicato de maestros asuma su responsabilidad, aumentar la competencia en servicios al usuario, la designación de los funcionarios de los órganos reguladores en materia de corrupción y de hidrocarburos.
Peña Nieto señaló que las nuevas leyes le deberían otorgar a México un sistema más transparente que el de muchos otros países. Las reuniones del órgano regulador energético serán públicas, y cualquier contrato con una empresa privada estará disponible para que el público lea la letra chiquita.
En conclusión para generar credibilidad ante la sociedad y fortalecer las instituciones de nuestro País, es necesario que el Gobierno demuestre en los hechos voluntad política para enfrentar el tema de la corrupción, establecer una serie de modificaciones muy a fondo en los trámites y prácticas burocráticas y cero impunidad.
