La política internacional contra el combate a las drogas es insostenible y en México sólo provoca violencia y la restricción de derechos fundamentales, por lo que es necesario que nuestro país impulse un nuevo esquema ante la próxima asamblea en Naciones Unidas en 2016, en la que discriminalice el uso de algunas drogas.

John Collins, coordinador y autor del informe “Acabando con la guerra contra las drogas”, elaborado por un grupo de expertos de la London School of Economics (LSE) en las Políticas sobre Drogas, y aprobado por cinco ganadores del Premio Nobel en Economía, dijo que el costo de esta lucha la están pagando las naciones de América Latina.

Al respecto, Alejandro Madrazo, coautor del informe, doctor en derecho por la Universidad de Yale y profesor investigador del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE), manifestó que México no sólo está pagando con vidas, sino también con presupuesto, esto a raíz de los problemas de consumo de drogas en Estados Unidos.

Afirmó que hoy en día tenemos mucho menos derechos fundamentales, debido a las reformas promovidas durante el sexenio de Felipe Calderón, como el arraigo y la retención de cualquier persona hasta por 96 horas. Puntualizó que se transformaron las instituciones para hacer un Estado más policiaco.

Alejandro Madrazo puso como ejemplo que en México el arraigo se ha usado en 27 por ciento de las personas que actualmente están presas a nivel nacional; sin embargo, sólo el 14 por ciento de los arraigados enfrenta delitos por delincuencia organizada.

Por su parte, Jorge Javier Romero, de la Universidad Complutense en Madrid y profesor visitante del CIDE, comentó que la política del prohibicionismo a nivel internacional es exacerbada y la guerra contra las drogas es un desastre total.
Aseguró que es indefendible pensar que un traje le viene a la medida a todos los países del mundo.

Javier Romero dijo que México puede empezar hoy con una política distinta, poniendo por delante los derechos humanos, discriminalizando el consumo de ciertas drogas e impulsando la modificación en la tabla de consumos en la Ley General de Salud, para que ésta sea realista.