En una proposición con punto de acuerdo, Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentaron solicitud para condonar las deudas de las Entidades Federativas y los Municipios que se sobreendeudaron.
Al cierre del segundo trimestre del 2012, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reporta una deuda pública de los 32 Entidades y el Distrito Federal, por un monto de 404,409’500 mil pesos.
Los Estados más endeudados son el Distrito Federal con casi 55 mil millones de pesos (mdp), Nuevo León con 40 mil mdp, Estado de México con 38,300 mdp, Coahuila con 36,500 mdp, Veracruz con casi 32,000 mdp y Jalisco con 26,704 mdp. Con excepción del D.F. gobernado por el PRD y Jalisco por el PAN, el resto de estos Estados son gobernados por el PRI.
En contraste, las Entidades Federativas menos endeudadas son Tlaxcala con 62.5 mdp, Campeche con 1,030 mdp, Baca California Sur con 1,677 mdp, Querétaro con 1,883 mdp, Colima con 2,185 mdp y Tabasco con 2,340 mdp pero que proximamente el gobernador Andrés Granier, de manera extraña y sospechosamente adquirirá una deuda por 4,000 mdp, a menos de 1 mes de concluir su mandato.
Pero por otra parte, el cuerpo de la proposición aunque solicita la creación de un Fondo Contingente destinado a solventar la crisis financiera de los Estados y Municipios y que se destine mayores recursos a los diversos Fondos de Aportaciones Federales para los gobiernos estatales y municipales, no solicita que se ejerzan las acciones legales necesarias y suficientes, para deslindar las probables responsabilidades por el mal uso de los recursos públicos.
Los proponentes dicen que “Hay que decirlo con todas sus letras, parte de las quiebras y endeudamientos son resultado de las malas administraciones, el mal uso de los recursos y la corrupción […]”, pero olvidaron pedir a la Auditoría Superior de la Federación, las auditorías forenses necesarias y el deslinde de responsabilidades a que haya lugar.
Esta omisión sólo puede explicarse para que quienes hayan desempeñado una función de gobierno y que ahora pudieran encontrarse bajo el manto protector que presenta algún cargo de elección popular que ofrezca fuero constitucional, deseen evitar que sus administraciones sean sujetas de investigación y les sean perdonadas algunas probables responsabilidades.
Este es un buen inicio para la Comisión Nacional Anticorrupción, cuya iniciativa acaba de ser presentada en el Senado y que seguramente dará inicio el próximo 1o. de septiembre, que arranque con investigar las administraciones salientes de Estados y Municipios, mandando con esto, una buena señal a la opinión pública de que verdaderamente se desea extinguir con el flagelo de la corrupción.
Imagine usted sentar en el banquillo de los acusados a exmandatarios de la Entidad Federativa de su preferencia, para que verdaderamente respondan por presuntas arbitrariedades en perjuicio de la función pública, de gobierno, de la administración e impartición de justicia, de la seguridad pública o de la buena administración de los recursos públicos que le fueron encomendados.
Ojalá sea lo que la ciudadanía espera de su próximo gobierno. Pero siempre ha habido peticiones de esta naturaleza. Vea usted. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, era muy común encontrar solicitudes de particulares dirigidas al Congreso de la Unión, en las que pedían una pensión económica por los nobles y heróicos servicios prestados a la República, a través de sus cuerpos de ejército, ya sea durante la guerra de Reforma, ya sea durante la guerra de Intervención.
Existe un principio que afirma, que “Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos, no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala”: Benito Juárez.
Publicado con la autorización del Director de la Revista Gurú Político
Politólogo por la Universidad de Guadalajara, con una especialidad en Planeación de Defensa Nacional en el Center for Hemipsheric Defense Studies de National Defense University con sede en Washington, D.C. y Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México. [email protected] Twitter: @racevesj
