Irvin Rojas, maestro en Economía por El Colegio de México. Investigador para el Programa de Estudios del Cambio Económico y la Sustentabilidad del Agro Mexicano (Precesam) de la misma institución. Fue Becario del Programa de Movilidad Social del CEEY en 2010.
De acuerdo a las cifras del último censo, 23% de la población mexicana —unos 26 millones de personas— vive en localidades catalogadas como rurales, es decir, con menos de 2,500 habitantes. (Las proyecciones de las Naciones Unidas señalan que para 2050 esta cifra será de alrededor de 14%) Cerca de 19% de la Población Económicamente Activa (PEA) del país se encuentra en el sector rural; 13 de esos 19 puntos porcentuales representan la PEA agropecuaria, es decir, 6% de la PEA rural no se dedica a actividades agropecuarias.
En cuanto a la producción, el Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario representa sólo 3.6% del PIB total, es decir, 13% del trabajo disponible en el país se dedica a la producción de menos de 4% del PIB.
Las cifras anteriores nos dan una idea de que cometemos un error al considerar como sinónimos al sector rural y al sector agropecuario, y al asumir que la población del campo se ocupa sólo de actividades agrícolas y ganaderas.
Para desgracia del sector rural y de la producción agropecuaria, la ausencia de una visión que conciba esta complejidad ha llevado a la implementación de políticas inefectivas. Más aún, no parece que haya una estrategia clara para corregir estas políticas en las agendas de los políticos.
Poco efectivas han mostrado ser las políticas actuales para mejorar los ingresos de los productores más pobres. Los recursos públicos destinados al sector se concentran en unos cuantos estados del norte, mientras que otros, altamente rurales y marginados, como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, reciben juntos menos de 6%.
Además, la descentralización de los programas de la Sagarpa ha promovido la discrecionalidad y el uso político de los mismos por parte de los gobiernos estatales. Mientras que el Procampo, el programa estelar de la Sagarpa, en los hechos, favorece a los productores más ricos: a los que tienen mayores extensiones de tierra y a los que tienen riego, mientras que la gran mayoría de los productores con menos de 5 hectáreas están excluidos de este programa. (Recomiendo leer ‘Subsidiazing Inequality’ para profundizar en el análisis de lo injusto que resultan ser las políticas sectoriales actuales.)
Por otro lado, basta dar una mirada al Plan Nacional de Desarrollo o al Plan Nacional de Financiamiento al Desarrollo para darse cuenta que el énfasis, cuando se habla del desarrollo rural, se hace en el las actividades agropecuarias, dejando de lado el resto de las actividades no primarias que ocurren en el campo.
Incluso los candidatos a la Presidencia se inclinaron, en los pocos momentos que tocaron el tema del campo, o bien por más subsidios y más transferencias, o por una idea de desarrollo rural que se reduce a una urbanización ordenada.
Las políticas sectoriales se han caracterizado por una indefinición en sus conceptos y poca claridad en sus objetivos. Los funcionarios, los líderes del sector, los empresarios del ramo, la prensa y muchos académicos a veces coinciden sin precisar si se refieren a la misma cosa: ‘modernizar el campo’, ‘hacer rentable a la producción agropecuaria’, ‘mejorar la competitividad del campo’, ‘promover un campo sustentable’. Sin embargo, al día de hoy, estos lugares comunes se han materializado esencialmente en sostener los programas de transferencias y subsidios dirigidos al campo que han mostrado ser injustos y regresivos.
Lo anterior se debe en parte a que el sector se encuentra capturado por grupos de poder, como muchos otros de la economía mexicana. Por esta razón, el diseño de políticas públicas no ha estado basado en criterios que mejoren la productividad en las actividades agropecuarias y no agropecuarias del sector rural, y que las encaminen a lograr una mejor calidad de vida de las personas que en él viven.
Esta será la situación que enfrente el nuevo gobierno federal: los intereses de grupo representados en una campo-bancada serán determinantes para el rumbo de la política sectorial en el próximo sexenio.
De acuerdo a un cálculo propio, basado en los datos de población y superficie destinada a la producción agropecuaria, 106 de los 300 distritos electorales son distritos que podríamos considerar distritos del campo.
Según este criterio, cerca de un quinto de la cámara de diputados representará a distritos cuya población vive en su mayoría en localidades pequeñas y/o en las que las actividades agropecuarias representan una parte mayoritaria de sus actividades productivas. Líderes empresariales del sector y representantes de asociaciones campesinas y de productores estarán sentados en la cámara bajo las siglas de las tres principales fuerzas políticas: 69 por el PRI-PVEM, 19 por el PAN y 18 por el Movimiento Progresista.
Una política rural debería tener como objetivo central eliminar el vínculo que existe entre pobreza y ruralidad. Para ello, se deberían seguir al menos 3 estrategias principales:
1. Primero, determinar el tamaño óptimo del sector agropecuario y promover una política de reconversión productiva, brindando alternativas a las personas para no tener que migrar a las ciudades. Es darle el derecho a las personas a permanecer en el campo con un nivel de vida digno, y no necesariamente ocupadas en la producción agropecuaria. Para ello, las políticas sectoriales deberán ser más efectivas al incluir a grupos sociales tradicionalmente excluidos o vulnerables. El derecho a la participación de los beneficios de la economía de las mujeres, los jóvenes y los indígenas es un elemento indispensable para el desarrollo rural.
2. Segundo, la política del sector deberá reorientar la forma en que distribuye los recursos públicos destinados a la producción agropecuaria. Priorizar la inversión en bienes públicos —en infraestructura y conocimiento— puede ser una alternativa para combatir la regresividad del gasto. (Aunque incluso hoy los el gasto en bienes públicos es ya altamente regresivo.) Por otro lado, se debe hacer una revisión a la operación de los programas actuales para focalizarlos mejor y establecer topes máximos para su aplicación.
3. Tercero, es dejar de ver al sector rural como un sector urbano en la ‘adolescencia’, que tarde o temprano madurará y se volverá urbano y próspero. Es hacer una reflexión en el seno de la discusión pública, para trasladarla a los programas públicos, de que la mejor política rural no es simplemente acomodar las condiciones para la urbanización. Es pensar en una política rural que garantice que aquéllos que permanecen en el campo ejerzan sus derechos para no ser pobres, para tener educación, para dedicarse al trabajo que elijan y para moverse libremente y no sólo obligados por sus circunstancias.
¿Estarán los diputados de la campo-bancada dispuestos a promover una reorientación de las políticas rurales? ¿Estará dispuesto el próximo gobierno federal a cambiar la política sectorial? ¿Cuál será la actitud de la sociedad ante una situación que a muchos les resulta completamente ajena? La respuesta la sobremos pronto.
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