Autoridades estatales y diputados locales, convinieron intensificar los trabajos para concretar la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, para el siete de marzo próximo, en tanto que el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes aseguró que se arrancará conforme a lo previsto.
Frente a la información que se ha difundido acerca de que la secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), María de los Ángeles Fromow Rangel, planteó la posibilidad de una prórroga más al nuevo sistema debido a las condiciones de inestabilidad en el gobierno de Michoacán, y al rezago que persiste en la materia dentro de la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), este viernes desde dos trincheras diferentes se dejó en claro que la idea es que se empiece a operar según lo previsto.
Cabe recordar que la entrada en vigor del nuevo sistema ha sido pospuesta en dos ocasiones, ya que originalmente se tenía previsto que empezara a operar en febrero de 2013, pero debido a que ni la Procuraduría ni la Secretaría de Seguridad estaban preparadas, se determinó trasladas la fecha para febrero de 2014, por lo que unos días antes de empezar a operar, el Congreso –por las mismas razones que antes- aprobó una nueva prórroga, ahora para el siete de marzo de 2015.
En rueda de prensa en Palacio de Justicia en la que abordó diversos asuntos, Alfredo Castillo Cervantes sería cuestionado sobre el particular, y desde su perspectiva, ahora se tendrán condiciones muy diferentes para la entrada en vigor del nuevo sistema, que las que se tenían en febrero pasado, esto por el “reclutamiento y la selección de fuerza ciudadana y fuerza rural y la nueva capacitación que se le está dando a los agentes del ministerio público y de la policía estatal”.
Para él fue propicio que en su momento se diera más tiempo para poder tener “perfectamente capacitados” a los operadores, por lo que aseguró que para cuando entre en operación el nuevo sistema se tendrá la infraestructura para estar totalmente preparados.
Paralelamente, diputados integrantes de las comisiones de Justicia y Seguridad Pública del Congreso, se reunieron con la secretaria técnica del Consejo Implementador en Michoacán, María de los Ángeles Llanderal Zaragoza y con el secretario de Gobierno, Jaime Darío Oseguera Méndez para abordar el asunto.
En particular se analizaría lo relacionado con el tema legislativo, para lo cual se acordó instalar ya la próxima semana una mesa técnica enfocada a la elaboración de la nueva Ley de Seguridad Pública.
De acuerdo con los lineamientos establecidos por la SETEC, la prioridad normativa para el nuevo sistema se basa en tres ejes: la normatividad básica; la normatividad intermedia, y la normatividad complementaria.
En el caso de la normatividad básica, el Congreso ya aprobó en julio de 2011 reformas a la Constitución Política del Estado; así como en 2012, el Código de Procedimientos Penales al que posteriormente en 2013 se le efectuarían algunas reformas.
De la normatividad básica el Congreso ya aprobó en 2011 la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, en 2014, la Ley de Justicia Alternativa y Restaurativa; existe también la Ley de Justicia Integral para Adolecentes que data del 2007 y que precisa ser armonizada; y la Ley de la Defensoría Pública aprobada en 2013.
De los pendientes en normatividad básica se encuentra la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, de la que ya fue presentada una iniciativa; la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, que también ya tiene iniciativa; el Código Penal, ya con iniciativa; la Ley para la Atención y Protección de Víctimas y Ofendidos del Delito, que cuenta con tres iniciativas presentadas; y la Ley de Seguridad Pública, que aún no cuenta con proyecto.
Dentro de la normatividad complementaria, ya se cuenta con tres leyes vigentes, una la del Instituto Michoacano de Investigación Forense, otra la Ley contra la Trata de Personas (que precisa armonizarse), y la tercera la Ley de Extinción de Dominio que fue controvertida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En esa normatividad complementaria está pendiente la Ley para la Protección de Personas Intervinientes de la que ya se presentó la iniciativa; la Ley de Servicios Previos al Juicio, ya con propuesta; y la Ley de Administración de Bienes Asegurados y Decomisados, de la que se está elaborando el proyecto dentro del Consejo Implementador.
