El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) presentó hoy una denuncia de hechos ante el ministerio público federal en contra del magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano y Jorge Figueroa Cacho, ambos suspendidos, por su probable responsabilidad en diversos delitos.
El órgano rector de los jueces federales detalló en un comunicado que la denuncia en contra de Luna Altamirano es por probables conductas constitutivas de delitos en la tramitación y resolución de 12 tocas penales y juicios de amparo, así como obtener ingresos distintos a los de su encargo.
Respecto al magistrado suspendido Jorge Figueroa Cacho, es por probables conductas delictivas derivadas de operaciones bancarias inusuales con empresas dedicadas a la compra-venta de metales y joyas del estado de Jalisco.
Recordó que en el caso de Luna Altamirano encontraron “presuntas conductas que denotaron falta de profesionalismo e imparcialidad, notoria ineptitud y descuido en el trámite y resolución de diversas tocas penales”.
La investigación de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación encontró que Luna Altamirano faltó al deber de presentar con veracidad las declaraciones de modificación patrimonial de 2004 a 2012.
Y pormenorizó los hallazgos de la investigación:
-Movimientos por depósitos y/o abonos, cuyo origen se desconoce, por un monto superior a 2 millones 705 mil 852 pesos
-Se observaron movimientos de retiro mediante cheques y transferencias, sobre los que se desconoce el beneficiario, destino y aplicación, de ocho millones 469 mil 131 pesos.
-En el análisis de los registros bancarios de familiares y personas relacionadas con el servidor público se detectaron 300 depósitos por un monto total de un millón 970 mil 440 pesos, concentrándose en una mujer el 61%.
-Resultaron trascendentes 411 movimientos por retiros o cargos por diversos conceptos, cuyo propósito y aplicación se desconoce, en una cuenta a su nombre por un total de 8 millones 469 mil 131 pesos.
-En dólares americanos se detectaron 127 operaciones por un total de 633 mil 981 dólares.
-En la verificación de su evolución patrimonial, en el año 2010, el magistrado suspendido refirió la donación de una propiedad con valor de 4 millones 929 mil 600 pesos, a favor de una hija, sin embargo, en el apartado destinado a señalar el valor de la operación no lo marcó como “Cero”, así como tampoco en el respectivo al valor catastral o comercial.
“Tales circunstancias pudieran representar un riesgo en materia de lavado de dinero asociado a las operaciones inmobiliarias, el cual consiste en que el servidor público o sus personas relacionadas pueden adquirir propiedades registrando un valor inferior al real, pagando la diferencia al vendedor en efectivo y vendiendo posteriormente la propiedad por un valor mayor…”, detalló el comunicado.
Caso Jorge Figueroa Cacho
Sobre el caso del magistrado Jorge Figueroa Cacho indicó que la denuncia es por hechos cometidos cuando se encontraba adscrito al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con sede en Jalisco.
Detalló las siguientes operaciones inusuales:
-Recibió a su nombre tres cheques por diversas cantidades que suman un millón 792 mil 250 pesos, provenientes de la cuenta de una empresa dedicada a la venta y compra de oro.
-El 1 de octubre de 2012 recibió, a través de endoso en propiedad a su favor, otros tres cheques expedidos a nombre de tres mujeres con apellidos diferentes, por un total de 855 mil 652 pesos, librados por otra empresa dedicada a la venta de metales finos.
-La totalidad de los mencionados recursos -2 millones 647 mil 902 pesos- fueron retirados de la cuenta del mencionado dos días después, mediante un cheque de caja por el valor equivalente en dólares americanos, a favor de una mujer.
-Del análisis de sus estados de cuenta, se identificaron 155 operaciones de depósitos, cuyo origen se desconoce, por un monto total de dos millones 869 mil 205 pesos.
-En el caso de los registros bancarios de cinco de sus familiares, se identificaron 357 depósitos, cuyo origen se desconoce, por un monto de 6 millones 175 mil 618 pesos.
-En dólares americanos, se advirtió que en una cuenta registrada a su nombre se realizaron depósitos y abonos por un monto de 50 mil 449 dólares.
-La Contraloría del Poder Judicial de la Federación indicó que dicho magistrado es probable responsable por faltar al deber de presentar con veracidad las declaraciones de modificación patrimonial de los años 2007 a 2010.
El CJF expresó que seguirá cumpliendo con su mandato constitucional de vigilar que sus funcionarios públicos se conduzcan con ética y los más altos estándares de calidad e imparcialidad en el desempeño de sus funciones.
Agregó que continuarán haciendo públicos casos como los anteriores, en congruencia con su política pública de transparencia y rendición de cuentas.
Finalmente reiteró el compromiso de los más de mil 200 juzgadores y juzgadoras con la ética judicial.
