Tal como lo anticiparon, padres de familia y personal de la Escuela Primaria Benito Juárez presentaron ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) una queja por abuso de autoridad en contra de elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que la mañana del pasado miércoles ingresaron para detener al intendente, implicado en el delito de homicidio culposo.
El hecho corresponde al caso del fallecimiento de un estudiante de la Escuela Primaria Benito Juárez, ubicada a un costado de la Plaza Capuchinas, el pasado 12 de junio, cuando profesores y padres de familia organizaron una excursión al balneario Selva Maya, de Huandacareo, donde se ahogó el niño de nueve años Isaac Arriaga Gutiérrez.
Tras el incidente, la PGJE integró la averiguación previa correspondiente y detuvo al director Ariel Janacua Gutiérrez; a los salvavidas, Julio César Rangel Salgado y Alexis Daniel Parra Reyes; así como al administrador del balneario, Rogelio Cancino Díaz.
Con el propósito de detener también al intendente, de nombre Salvador, elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado arribaron al plantel educativo, donde se realizaba en esos momentos el acto alusivo al fin del ciclo escolar.
El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), José María Cázarez Solórzano, comentó que según versiones del personal y padres de familia que ese mismo día presentaron una queja por abuso de autoridad, los oficiales entraron armados, no iban uniformados ni se identificaron con las autoridades del plantel.
Destacó el ombudsman michoacano que la autoridad tiene que dar una explicación ante el hecho que calificó “grave” y “lamentable”.
Y es que según relataron medios de comunicación, el operativo causó temor entre los alumnos.
