La última legislación electoral no arrojó consigo un tratamiento de los delitos para que éstos sean situados en su justa dimensión y no parezcan desproporcionados. Por ejemplo, no es razonable que el postulante que se excede en sus gastos proselitistas pueda ser sancionado con la cárcel y la consiguiente pérdida del registro de su partido. Es francamente exagerado, en el mismo nivel de las persecuciones fiscales que entronizan la apatía y hasta el descuido de la ciudadanía por encima, por ejemplo, de los abusos de autoridad.
Idéntica línea siguen los aspirantes a sátrapas cuando consideran los excesos derivados de la libertad de expresión como crímenes de lesa humanidad por afectar a los prohombres públicos, quienes debieran ser vistos como inmaculados per se, dada la confusión prevaleciente en éstos al exigir ser observados como partes de los bienes nacionales. Esto es como si la Presidencia y las gubernaturas fueran el núcleo de la patria, el Estado mismo.
Analicemos hasta donde llegan las desproporciones que tienden a proteger a quienes detentan el poder perentoriamente. Si un comunicador, en ejercicio de su derecho a la información, violenta los tiempos electorales y anuncia tendencias antes del fin del proceso, no sólo después del cierre de casillas, como se estipula en algunas entidades federales, puede ser recluido como delincuente electoral con muy escasas posibilidades de defensa jurídica. En cambio, al presidente de la República y al dirigente empresarial que invirtieron millonadas para afectar la voluntad general, impactándola con mensajes catastrofistas que determinaron un giro en las tendencias para favorecer la causa de la continuidad, sólo se les “reconvino”, en 2006, con el propósito de que no reincidieran.
Lo primero, informar a destiempo cuando las mesas electorales ya han cerrado y la votación ha terminado, como ocurre en Puebla por ejemplo, no afecta de modo alguno al pronunciamiento general que ya ha sido dado. En cambio, lo segundo, el uso de la fuerza publicitaria y de la parafernalia de la Presidencia y el empresariado, con el evidente propósito de hacer naufragar a un postulante en concreto dado su impacto en la ciudadanía, no dio lugar a la menor sanción siquiera económica salvo la discreta llamada de atención de quien fungía como Magistrado Presidente del Tribunal Electoral, Leonel Castillo González, quien en su medida, sesgada reprimenda aseveró que la derrama económica a través de mensajes pagados en los medios masivos no habían sido “determinantes” para modificar los momios y los sufragios. Un absurdo grotesco dados los escasos márgenes entre el primero y el segundo más votados.
Así, el señor Vicente Fox, el empresario José Luis Barraza, dirigente de su gremio, y Luis Carlos Ugalde, en su desempeño como presidente del Instituto Federal Electoral, no han sido siquiera motivo de querella alguna por haber ensuciado el proceso electoral de 2006 golpeando severamente la credibilidad general, restándole legitimidad al nuevo régimen además, y hasta se dan el lujo de mantener sus propias cruzadas, obviamente tendenciosas y hasta cobardes como en el caso del muy exquisito Ugalde extraviado hasta en su conducta personal, sin la menor aflicción de por medio.
¿Cómo explicar, en tales términos, que la reforma electoral se haya dado a partir de estos antecedentes y con la ilusión puesta en evitar las conductas reincidentes?¿No es este solo hecho demostración fehaciente de los excesos vulgares que modificaron el curso de la vida institucional del país… como en 1994 ocurrió a través de la barbarie y el magnicidio? El símil con el crimen contra Colosio vale porque los resultados, en un caso y otro, son equiparables: impedir que un candidato en específico no pudiera llegar a la Primera Magistratura. Ello, desde luego, aunque móviles y circunstancias hayan sido distintos. De allí la tremenda gravedad de los ilícitos no sancionados gracias al todavía redituable cobijo de la impunidad.
Debate
Pero no es todo: el señor Fox no ha dejado de hablar como si no tuviera cuentas pendientes y se da el lujo, al sentirse intocable por obra y gracia del presidencialismo asfixiante y antidemocrático, sin importar filiaciones, de entorpecer la política exterior del país y zancadillear a cuantos pueda, interviniendo con descaro en la vida interior del contaminado Acción Nacional aduciendo sus derechos como militante y su libertad de expresión –misma que no respetó al situar a sus críticos en el “círculo rojo”, marginándolos como si fueran criminales y no analistas-, para continuar burlando a quienes han descubierto sus excesos. Y todavía se mantiene el sambenito: es menos malo que sus antecesores. Pues no, señor. Es hora que alguien le informe de su error de cálculo.
Nadie, como el señor Fox, dilapidó un capital político y popular tan envidiable como el que atesoró en 2000 a la hora de proclamar su cruzada por el cambio y contra la hegemonía priísta. Utilizó, además, las fuentes del poder para beneficiar, con descaro, a los suyos equiparándose al nepotismo de López Portillo; operó a favor de los grandes capitales, como lo hicieron De la Madrid y Zedillo quien además, como luego secundó Fox, tendió sus propios puentes hacia el exterior; se enriqueció con su ejercicio presidencial, lo que le equipara a Alemán; maniobró soterradamente para asegurar el curso de sus intrigas palaciegas, al estilo de Echeverría, y acabó manipulando la voluntad colectiva como fue el pecado mayor de Salinas. Con todo este bagaje, Fox acabó siendo síntesis de los anteriores o una versión, corregida y aumentada, de aquellos deplorables episodios. Y no faltó la represión, acordémonos de Oaxaca, siguiendo el más puro modelo díazordacista.
Pues bien, con todo lo anterior, el ex presidente no pierde el sueño y se mantiene, a salto de mata, promoviendo sus libros en inglés entre quienes aceptan sus condiciones, esto es que no le incomoden con preguntas comprometedoras porque sencillamente berrea y las elude. Dice que es su privilegio como ciudadano común con lo cual se beneficia doblemente: de los usos del poder, bajo el peso de la impunidad, y de los derechos de los gobernados al considerarse uno de ellos sólo para efectos de evadirse de la urbanidad política. Sencillamente inaceptable.
Así que al confeso defraudador electoral –él mismo aceptó que “se vengó” de su adversario mayor-, y a sus corifeos que aseguraron sólo sus intereses de grupo, nadie es capaz de tipificarles los delitos electorales cometidos mientras se recrudecen las limitantes contra los medios informativos. ¿Es ésta la democracia que creemos merecer los mexicanos?
La Anécdota
Tras los festines del primer año, la conclusión general es que las fuerzas políticas con mayor representatividad se han desgastado severamente. Lo mismo el movimiento de resistencia que el aparato gubernamental en donde se asegura haber superado la crisis política cuando las asechanzas incendiarias están por doquier con nuevos elementos de alto riesgo.
Pese a ello, cada quien observa las cosas a su entender. Desde la oposición intransigente no se pretend conceder un solo lauro al gobierno en ejercicio; y en las plataformas oficiales se plantea que todo está bajo control aunque el país continúa convulsionándose con la violencia, ejecuciones sumarias diarias de por medio, y se prevea un nuevo sacudimiento financiero dadas las devaluaciones dobles de nuestro infeliz peso, ante el dólar y el euro.
En pocas palabras: Mexicanos, pueden creer lo que les venga en gana. Sólo les basta escuchar, leer y seguir a cuantos les den por su lado. Bendita democracia ésta.
