Es significativo que el gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, acudiera a Palacio Nacional a la presentación del Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018; dicho evento lo presidio Enrique Peña Nieto, presidente de México.

En la presentación del Plan Nacional de Derechos Humanos, expreso Peña Nieto que, el Plan se ejecutará como una política de estado y que pretende combatir aun prácticas que lastiman y hieren la dignidad humana de la población, sobre todo cuando se habla de tortura, desapariciones forzadas, o bien de la nueva esclavitud, la trata de personas, y en donde Michoacán no tiene un situación deseable.

La presencia en el evento del Gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, fue importante, toda vez que escucho los propósitos, las estrategias, líneas de acción y metas que se propone el Plan Nacional de Derechos Humanos, pero también cuales son los compromisos que adquieren los distintos niveles de gobierno, estatal y municipal, incluso la sociedad civil organizada para atender las problemáticas que nos permitan arribar a impulsar un modelo de sociedad sustentado en el respeto a los derechos humanos de las personas.

En el diagnóstico que ofrece el Plan Nacional destaca que Los derechos humanos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos, permiten que las personas diseñen y ejecuten un proyecto de vida digna. Son inherentes e inalienables y corresponden a todas las personas sin distinción de sexo, género, preferencias sexuales, edad, discapacidades y consecuencias de una discapacidad anterior o percepción de alguna discapacidad presente o pasada, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, estado civil, raza, color, idioma, linaje u origen nacional, social o étnico, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. A través del Plan Nacional se pretende lograr mayor efectividad en las políticas públicas y su incidencia en el goce y ejercicio de los derechos humanos. Para ello se identificaron áreas problemáticas que por su carácter estratégico suponen una oportunidad para el logro de este objetivo, éstas son: La implementación de la reforma constitucional de derechos humanos; La prevención de violaciones a los mismos; Las acciones de garantía y protección de los derechos; La articulación y coordinación entre los actores involucrados en la política de derechos humanos, y La generación de información correctamente sistematizada y accesible en la materia.

El Plan Nacional plantea el cumplimiento de seis objetivos: 1. Lograr la efectiva implementación de la reforma constitucional de derechos humanos del 2011; 2. Prevenir violaciones a los derechos humanos, incorporándolos en las políticas de prevención del delito y procuración de justicia; 3. Impulsar la armonización legislativa en las entidades federativas; 4. Fortalecer la protección de los derechos con especial atención a los grupos vulnerables; 5. Articular a los actores involucrados en esta política; y
6. Sistematizar la información para fortalecer las políticas públicas mediante su evaluación; todos estos objetivos se encuentran alineados al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Es más que evidente que el Gobierno de Michoacán tendrá que hacer el mejor de sus esfuerzos por cumplir de manera destacada con los objetivos del Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, tendrá que exhortar a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a generar un Programa de Trabajo alineado al Nacional y contemplando las características locales que se tienen en Michoacán, en este mismo sentido, la Unidad de Derechos Humanos del Gobierno del Estado tendrá que estar trabajando en la capacitación de los funcionarios del Gobierno del Estado para la observancia de este Plan Nacional, en donde autoridades locales serán coadyuvantes en el cumplimiento de los objetivos de éste.

Entre las líneas estratégicas y de acción, el Plan Nacional contempla realizar gestiones con los gobiernos locales y municipales para: Celebrar convenios o acuerdos con Poderes, órganos y órdenes de gobierno para articular los procesos de implementación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos; promover procesos de capacitación y difusión en los órdenes local y municipal; colaborar con las entidades federativas y municipios para el seguimiento del proceso de implementación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos; promover la difusión sobre el contenido e implicaciones de la Reforma constitucional en las entidades federativas; impulsar la armonización legislativa de las leyes federales y locales con respecto al Protocolo de Estambul.

Pero adicionalmente el Plan Nacional, plantea realizar acciones con gobiernos locales y ayuntamientos en las siguientes acciones: promover un mecanismo de vinculación con la Conferencia Nacional de Gobernadores para la implementación de este Programa a nivel local; impulsar un mecanismo de vinculación con la Conferencia Nacional de Municipios de México para la implementación de este Programa; fomentar la elaboración de programas de derechos humanos en estados y municipios; proponer mecanismos de coordinación para atender recomendaciones, resoluciones o sentencias de organismos nacionales e internacionales; generar diálogos con las entidades federativas y municipios para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos; aplicar un manual para transversalizar el enfoque de derechos humanos e interculturalidad en políticas públicas de entidades federativas y municipios.

Hoy, el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos tienen una gran tarea por delante, aplicar la política pública de la cultura de los derechos humanos. Desde estos comentarios expresamos nuestro apoyo y el del Grupo de Facto Diversidad Sexual en Michoacán al Gobernador Salvador Jara, para coadyuvar en el cumplimiento de estas tareas, que significan un importante avance y fortalecimiento en materia de respeto a los derechos humanos.