Durante años, México ha figurado en la lista de países que el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señalan por sus deficiencias en política fiscal.
Casi siempre sus recomendaciones encaminan a mejorar la base impositiva, aumentar y generalizar impuestos, cambiar las fórmulas de recaudación, reducir la evasión fiscal e incluir a los sectores informales.
En cuanto a influencia ideológica, la izquierda tiende a buscar esquemas que graven a los que más tienen y por lo contrario, la derecha privilegia al capital y castiga al ciudadano mediante el IVA.
En el caso particular de México, entre crisis y crisis, se ha tenido un parche tras de otro en materia fiscal quedando a la vera esa verdadera “revolución fiscal” que además de ser moderna actualice el sistema impositivo, incluya a todos los ciudadanos bajo distintos renglones de tributación. Hacer que persista la naturaleza redistributiva.
Empero, no se logra y cada año los experimentos castigan el consumo, demanda interna, producción, dañan la contratación de empleos fijos; el frankestein fiscal apenas logra ser entendible para los propios contables expertos del ramo y es que, un año ponen y el otro se desdicen.
En medio del berenjenal el ciudadano de a pie observa cómo se pierde el tiempo de manera negativa dado que si el país contase con una política fiscal ampliada e incluyente seguramente el aprovechamiento del bono demográfico que experimenta México sería mayúsculo.
Pero falta visión y da miedo además que, cada año, por estas fechas precisamente ideólogos y tecnócratas acostumbrados a elaborar el paquete fiscal comiencen a maquinar ideas tributarias.
A COLACIÓN
La economía tiene dos pilares: la política monetaria y la política fiscal. En México, desde la época del Desarrollo Estabilizador, debió reformarse la política fiscal adecuándose a una economía en expansión demográfica, igualmente cuando México ingresó al GATT en 1986 debió impulsarse el aparato productivo orientado hacia el exterior con las bases fiscales suficientes para competir.
El ingreso del país en el NAFTA-TLCAN estuvo desprovisto de una reforma en la política fiscal tendiente a dotar al país, su gente, aparato productivo y sus trabajadores de las herramientas fiscales para mejorar su nivel de vida, fortalecer a la iniciativa privada y primordialmente no sucumbir ante la competencia con dos gigantes como Estados Unidos y Canadá.
Con un país que camina hacia los más de 120 millones de habitantes aunadas las carencias sociales, una pésima infraestructura; necesidad de contar con mejores servicios públicos, el desafío del cambio climático y la presión demográfica versus el agua potable y los energéticos, muchas de las respuestas bien podrían encontrarse en la política fiscal.
No es sólo cuestión de voluntad lo es de visión. En algunos países como Alemania, Bélgica, Francia lo llevan a la práctica, otros como Dinamarca o Islandia llevan la delantera.
En los tres primeros, la política fiscal grava a los que más tienen, a los que fuman, beben, contaminan más, tienen coche, reciclan menos y compran productos difíciles de reutilizar, prácticamente todas las formas de propiedad están gravadas y su utilización.
En Alemania, país donde el salario mínimo es de 2 mil euros, se privilegia mediante la política fiscal que la gente prefiera alquilar que comprar, por tanto el precio de los alquileres es accesible en forma proporcional con el salario mínimo.
Otro aspecto interesante en Alemania, Bélgica y Francia los consumidores que adquieren botellas de plástico, sobre todo agua embotellada y que no la reciclan pagan 0.25 centavos de euro por cada envase y las multas por no seleccionar adecuadamente la basura suelen ser altísimas así como por violar cualquier regla vial en el caso de tener automóvil propio.
Como pagar duele al bolsillo eso obliga a que los consumidores sean más racionales, aprendan a elegir y desde luego a conocer los derechos que tienen como contribuyentes porque la verdadera base de la política fiscal es una cuestión de fe y responsabilidad. Creer en el funcionamiento del sistema hace que la gente pague sus impuestos.
En México, el punto débil es que el ciudadano no confía, no se fía ni de sus instituciones ni en que sus impuestos realmente sirven para tener mejores vías de comunicación, infraestructura educativa, de salud y pensiones.
Nada más hay que asomarse al estado de las carreteras que no son privadas, a los hospitales públicos o al propio metro de la ciudad de México convertido en “regadera” con las lluvias para entender por qué estamos como estamos.
