Sorpresiva, por decir lo menos, ha sido la noticia de que el pasado 20 de mayo un Juez en Jalisco emitió ordenes de aprehensión y auto de formal prisión en contra de 16 médicos adscritos al Hospital de Pediatría del Centro Medico de Occidente del IMSS, y están por girarse ordenes de aprehensión en contra del Director general, el Director medico del hospital, la Jefa de terapia intensiva y de paso a la doctora que firmó un certificado de defunción.
¿Cuál fue el motivo para este inusual numero de ordenes de aprehensión en contra de personal medico de una Unidad de reconocida alta calidad? . Los datos que han salido a la luz publica nos muestran que un menor, de nombre Roberto Edivaldo Gallardo Rodríguez, ingresó el 15 de noviembre de 2009 a Urgencias de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del IMSS en Guadalajara por una crisis asmática, presentando casi a su ingreso un paro cardio-respiratorio del cual pudo salir mediante maniobras de resucitación cardiopulmonar. Aparte de su problema crónico de asma, el niño cursaba con obesidad importante, pesaba 100 Kg. y según reportes además era diabético.
Manejado en la Unidad de Terapia Intensiva al paciente se le colocaron catéteres subclavios para perfusión de soluciones, habiéndose causado en dicha maniobra un neumotórax, mismo que fue resuelto. Fue sometido a 7 cirugías abdominales por datos de abdomen agudo, en las cuales se refiere se realizaron varias resecciones intestinales. A pesar de los múltiples tratamientos y los cuidados proporcionados la evolución del paciente fue mala, falleciendo en enero del 2010 después de permanecer 55 días hospitalizado. La causa de defunción, entre otras, se atribuyo a sépsis abdominal.
A instancias del padre, se practica la necropsia en el SEMEFO de Jalisco por un forense amigo del quejoso, el cual da el diagnostico de “tuberculosis intestinal” como causa de muerte. El caso fue evaluado por la Comisión Nacional de Arbitraje Medico (CONAMED) misma que dictaminó que hubo “mala praxis” pero no “responsabilidad medica”. El padre del niño, Sergio Valente Gallardo Ramos, abogado y funcionario de la Secretaria de Salud de Jalisco, inconforme con el desenlace, decidió demandar a todo aquel que, según su personal punto de vista, tuviera algo que ver con la muerte del paciente, por lo tanto demanda al IMSS, basándose en lo afirmado por el forense y decididamente apoyado por el Presidente de la Barra de Abogados Penalistas de Jalisco José Luis Guízar Abarca.
Después de un largo juicio un juez emite un rosario de ordenes de aprehensión en contra de médicos, tanto del área operativa como administrativos que nada tuvieron que ver con el problema.
El caso de inmediato provoca reacciones en la comunidad medica, inicialmente de Guadalajara, y ahora de una gran parte del país. Y como es ya frecuente en estas situaciones, las redes sociales se inundan con múltiples datos relacionados al caso. Se menciona y se insiste en dichos medios que el padre del niño, desde su llegada a Urgencias, se mostró amenazante y prepotente, manifestando que él era un personaje importante y con muchas influencias.
El caso es interesante por diversas razones, primero, se trata de una Unidad de Alta Especialidad, no de un sanatorio de barrio, con personal altamente calificado y suficientes recursos para resolver patologías muy complicadas. Por el otro lado aparecen un personaje que se ostenta como influyente, con amigos en diversas posiciones del poder en Jalisco y un paciente que ingresa en pésimas condiciones a Urgencias, (ingresó en paro cardiaco, peor no podía ingresar), con un par de patologías de años de evolución, obesidad mórbida y asma, que evidentemente no habían sido bien manejadas en su domicilio.
El quid, el meollo del asunto, está en las cirugías realizadas, lo demás es anecdótico. Obligadamente un cirujano DEBE, con mayúsculas, enviar a Anatomía Patológica toda pieza que se extirpe en un quirófano de un Hospital de este nivel. Si se realizaron resecciones intestinales sin enviar la pieza a Patología el error es imperdonable; ahí se tendría el diagnostico de tuberculosis intestinal y se hubiera iniciado el tratamiento. Que se hubiera salvado o no es otra cosa. Si la política del Hospital es la de no enviar toda pieza a Patología la culpa debe recaer en el funcionario que dio esa orden. Si el cirujano decidió no enviar la pieza a pesar de ser obligatorio, entonces la culpa es de él. Pero si se realizaron estudios y biopsias y no existió tuberculosis entonces el diagnostico del forense del SEMEFO es discutible. Una cosa es obvia, demandar a medio hospital muestra un afán protagónico y hace pensar que lo se busca no es reparar un daño, sino otra cosa que nada tiene que ver con la ética.
Este asunto dará mas de que hablar.
