El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presentó una iniciativa de reforma constitucional en materia educativa con la que se modifican las reglas para la asignación de las plazas docentes, para hacerlas claras, y ofreció a los maestros que sus derechos están a salvo pues, a diferencia del sistema actual, el ingreso, permanencia y promoción no estarán sujetos a criterios discrecionales.

Los buenos maestros tendrán la oportunidad de ascender con base en sus méritos profesionales. Es momento de abrir camino a los grandes educadores del país, dijo en el Museo de Antropología.


En tanto, el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, habló del papel de la dependencia y admitió que ha perdido, y por ende el Estado, rectoría sobre la educación, por lo que se pronunció por recuperarla. En ese sentido, advirtió que una de las propuestas propone declarar nulos los ingresos y las promociones de los maestros que no se realicen conforme a la ley.

A una semana de la firma del Pacto por México donde se prometió la presentación de la iniciativa, Peña Nieto, acompañado de los presidentes del PRI, Cristina Díaz; PAN, Gustavo Madero, y PRD, Jesús Zambrano, presentó la iniciativa constitucional para modificar la Ley de Educación.

El mandatario federal aseguró que una enseñanza de calidad y su mejora requieren de métodos para calificar y medir el desempeño de los maestros, y señaló que parte esencial de la iniciativa es la creación del servicio profesional docente, que reconocerá la formación y logros de los maestros.

“Para mejorar la educación, tenemos que evaluarla objetiva e integralmente. Debemos medir, analizar e identificar las fortalezas y debilidades del sistema, a fin de tomar decisiones inteligentes en su favor”, dijo.

En el acto al que concurrieron también los coordinadores de las bancadas en las cámaras de Diputados y Senadores, el mandatario federal insistió en la posibilidad de concretar los acuerdos que se contrajeron en el Pacto por México y celebró el que se logró para presentar la iniciativa.

Admitió que debido a la complejidad y la profundidad que pretende asumir la reforma educativa, se requiere del respaldo de las fuerzas políticas en el Congreso. Por ello reconoció la presencia de los legisladores y líderes del partido.

“El hecho de que esta iniciativa la presentemos de manera conjunta demuestra que el diálogo y el consenso son medios eficaces para transformar a México. Todos nosotros coincidimos en un punto central: urge reformar y modernizar el marco jurídico para una educación de mayor calidad y equidad”, apuntó.

A decir del mandatario federal, en la iniciativa se reúnen propuestas hechas por distintos sectores sociales, y además aseguró que para la elaboración de la reforma se hizo un ejercicio de atención y recopilación de las exigencias de la sociedad civil.

“Queremos para México una educación que promueva la inclusión, la tolerancia y, sobre todo, la paz. Una educación de calidad que fomente la innovación, la competitividad y la productividad de cada mexicano. Que iguale oportunidades y consolide nuestra vida democrática”, resaltó.

En su turno, Emilio Chuayffet presentó la postura de la dependencia sobre la que recaerá, de aprobarse la iniciativa, la ampliación de horarios en escuelas, una modificación al contenido de los alimentos que se venden en los planteles y un censo de todos los inmuebles escolares.

El titular de la SEP detalló que la reforma se basará en cuatro ejes principales.

El primero: la obligatoriedad de la evaluación. El segundo: “La no sujeción de la evaluación a caprichos o a intereses particulares”, que se encuentra estrechamente ligado al tercero, que advierte que no habrá pactos para diferir la calificación magisterial.

El último de los ejes se concentra en la necesidad de contar con un órgano que realice la calificación, que sea autónomo y confiable, propuesto por el ejecutivo y aprobado por el Senado.

Chuayffet aseguró que lo expuesto no es un catálogo de buenas intenciones, pues los compromisos tendrán una permanente verificabilidad.

Garantizó que se tomó en cuenta a todos los sectores que participan en las decisiones educativas, para poder tener una reforma integral y eficaz.