Petróleos Mexicanos (Pemex) deberá entregar versión pública de los documentos que constaten la entrega de recursos al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), del 1 de enero de 2000 al 25 de mayo de 2007.
El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) dictó un acuerdo por el que dejó sin efectos la resolución de un Tribunal Colegiado que concedió un amparo al Sindicato, pero dejándole plena libertad de resolver lo que en derecho proceda sobre la reserva de la información invocada por Pemex.
En 2007, el órgano garante de la transparencia instruyó que se entregará la información, pero el cumplimiento de su resolución no fue efectiva porque el Sindicato promovió un juicio de amparo en su carácter de tercero interesado.
En los últimos 10 años, el STPRM, que encabeza Carlos Romero Deschamps, ha promovido 36 amparos en contra de resoluciones del órgano garante de la transparencia, de los cuales, 7 han sido favorables al IFAI, 21 en contra y 8 más se encuentran en trámite.
El caso fue turnado al comisionado Ángel Trinidad Zaldívar, quien convocó a las partes a audiencia, para que aportaran los elementos convenientes y valorar los mismos en la resolución a emitir.
Trinidad Zaldívar expuso que la publicidad de los documentos en los que conste la entrega de recursos al Sindicato no afecta procedimiento alguno, porque dicha información fue generada con anterioridad al inicio de los mismos, y por su naturaleza es pública, por lo que no puede considerarse como clasificada.
En su carácter de tercero interesado, el STPRM argumentó que los recursos entregados por Pemex sólo eran de incumbencia de esa organización, y que su difusión resultaría contraria a la Ley al no tomar en consideración el Convenio Sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho a la Sindicación.
Trinidad Zaldívar señaló que la publicidad de recursos públicos no interferiría en la libre organización sindical, sino que por el contrario, la apertura permitiría verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato Colectivo de Trabajo, así como el ejercicio y destino de los recursos federales.
