Ciudad de México, 7 de mayo de 2024. México Unido Contra la Delincuencia rechaza las acciones emprendidas las últimas semanas por autoridades gubernamentales y funcionarios públicos en contra de personas que ejercen sus derechos o buscan defenderlos.
La más reciente, la publicación ilegal de un expediente completo con datos personales de un caso que involucra a María Amparo Casar, presidenta de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, a quien acusan de ser cómplice de un caso de fraude y corrupción en Pemex. El Poder Ejecutivo atenta contra el derecho a la secrecía de los datos personales y además violan el derecho a la presunción de inocencia con sistemáticas declaraciones y descalificaciones públicas, en foros y vías oficiales.
En los últimos días también se registraron esfuerzos coordinados de funcionarios y autoridades para demeritar el trabajo de Cecilia Flores, madre buscadora, quien a principios de mayo advirtió de la existencia de una posible fosa-crematorio de personas desaparecidas en la Ciudad de México. Lejos de actuar con sensibilidad, celeridad y responsabilidad frente a una sospecha de esta naturaleza en un país de miles y miles de personas desaparecidas, autoridades federales y capitalinas salieron prontas a “desmentir” la advertencia, a descalificar a la defensora y a acusarla a ella y otros grupos de familias de utilizar su causa con fines político electorales.
En otro caso, este abril, el empresario y activista Arturo Castagné Couturier, presentó denuncias contra Rocío Nahle, ex Secretaria de Energía y hoy candidata a la gubernatura de Veracruz por Morena, tanto por utilizar un vehículo oficial en actos proselitistas de campaña como por corrupción y enriquecimiento ilícito, que le permitieron la adquisición de propiedades de lujo, por un valor de 60 millones de pesos. En lugar de investigar y sancionar o refutar los hechos denunciados con evidencia, el gobierno ha guardado silencio y mientras que Nahle anunció que denunciará al ciudadano por difamación, daño moral, falsificación de documentos y acoso.
Estos son tan sólo tres casos que muestran el actuar sistemático de un Estado que ha demeritado la legalidad y ha optado por usar a las instituciones para intimidar a las personas. Nos pronunciamos por un cese a las persecuciones de este tipo. Un Estado democrático fomenta la pluralidad de opiniones e investiga y actúa ante las acusaciones de posibles actos de ilegalidad que atenten contra el Estado de derecho.
