Aunque ya era de sobra conocido, las afirmaciones del titular del Ejecutivo estatal ampliaron y certificaron los hechos: desvíos financieros de los fondos de pensiones de los trabajadores del estado, de salud, de educación y para terceros institucionales, todos ellos y otros más, configuraron parte del grande, enorme y creciente desfalco en las finanzas del estado.

Según lo difundido por las máximas autoridades políticas del estado – gobernador y secretario de gobierno, que no les correspondía hablar, declarar, y sí a la procuraduría general de justicia estatal – forman parte del paquete de denuncias que hizo en semanas anteriores la Contraloría Estatal ante la procuraduría general de justicia del estado y, curiosamente, la denuncia no está dirigida en contra de ninguna persona determinada: Contra quien resulte responsable.

El titular del Ejecutivo estatal acepta que: “asumiendo que el dinero faltante es una responsabilidad institucional del gobierno de Michoacán” y que él lo pagará, Silvano Aureoles Conejo, defendió que el desvío de recursos no se dio durante su administración, aunque en el periodo se han reintegrado 150 millones, restando 350 millones de pesos.

Ahora bien, ¿Cuál será el resultado de esta promoción?

¿Qué se ganan con la ventaneada, con las declaraciones? Derruir la imagen de quienes lo autorizaron.

Se pregunta, porque ya se sabe quién es el culpable, pues el gobernador lo afirmó: “responsabilidad institucional”, razón por la cual los está pagando y ya cubrió el 30% de la suerte principal. ¿Y qué le harán a él? ¿Cuál es el delito de los directores generales o de directores de área?

A ese nivel, no se hace nada sin la autorización del máximo jefe y aquí el o el único culpable fue-fueron el gobernador en turno, el tesorero del estado, en turno y el secretario de gobierno, en turno.

Tan fácil que hubiera sido: Acordar con el sindicato respetivo y ya, pero no. No los tomó en cuenta, lo despersonalizó y abusó del poder.

El delito de todos los involucrados– si lo hay – es de moral pública, porque no cumplieron la ley y aceptaron la indicación delictiva del superior y esa persona, que se oculta con el escudo del poder no merecía la lealtad que ellos le brindaron. Esa persona NO RESPETÓ, ni su honorabilidad, ni su moral, ni su persona, ni su perfil de servidor ni su función pública. Vamos, aunque un lema de su campaña fue Michoacán merece respeto, está visto, y revisto, que no lo respeto, ni a sus leales servidores.

¿En qué parará esto? En nada…No hay delito, solo y sólo un delito administrativo, porque el dinero lo está pagando la institución responsable: el poder Ejecutivo.