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Como ya está sobradamente difundido y conocido, la secretaría de gobernación Federal – Alfonso Navarrete Prida, previo acuerdo con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, llegó a un acuerdo con el gobernador panista del estado de Chihuahua, Javier Corral – otro Javier-.

Ante los micrófonos, las cámaras fotográficas y la cámaras de las cadenas televisivas, los dos máximos protagonistas leyeron el acuerdo bipartita al que llegaron, que se reducen a lo siguiente: el gobierno de la federación, por medios de los canales correspondientes – la secretaría de Hacienda – entregará al gobierno de Chihuahua la cantidad de ¡900 millones de pesos!, en base a los presupuestos y a la disponibilidad financiera; por su parte, el gobierno de Chihuahua suspende sus acciones de protesta y jurídicas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por motivos de seguridad acepta trasladar, al exsecretario del PRI, a un centro de readaptación social seguridad media y efectuar las diligencias necesarias para la detención, extradición y sujeto a juicio del gobernador Padrés.

Y todos contentos.

Mas no lo deberían, por algunas simplezas, aparentemente:

1° Se dijo, varios medios informativos lo ensalzaron, que había regresado la política a Bucareli – sede de la secretaría de gobernación -, mas, la verdad, la política jamás se había retirado. Durante la administración, dirección y gobierno de Miguel Ángel Osorio Chong, las tres o cuatro vertientes o ejes con los cuales la autoridad resuelve los conflictos invariablemente se utilizaron: dinero (compra de voluntades), chantajes-presión y solución jurídica. Igualmente, en todas las administraciones anteriores, tanto del PAN como del PRI se utilizaron.

2° En términos llanos, populares, se han usado y en esta ocasión se manifestó, se gobernó con las 3 P:

PALO PARA LOS INCONFORMES
PLOMO, PARA LO9S ENEMIGOS
PALTA, PARA LOS AMIGOS.

3° Lo verdaderamente malo fue saber la enorme disponibilidad de recursos financieros de la Presidencia de la República de la que, si tiene conocimiento el H. Congreso de la Unión, no puede hacer nada, porque está con ciertos recursos técnicos en los cuales va envuelto este enorme botín de dinero y su discrecionalidad se utiliza sin más control que la decisión del Presidente de la República, que únicamente lo justifica con los acuerdos-convenios bilaterales entre Hacienda y el gobierno estatal beneficiario. Y lo más grave dentro de lo peor es que el gobierno del estado a nadie le comprueba el uso legal, honesto y transparente de esos recursos.

¿Por qué razón el gobierno central no lo entrega al estado en obras y servicios y sí deja
la puerta abierta para actos de corrupción e impunidad?

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