La Procuraduría General de la República (PGR) imputó a José Luis Abarca Velázquez, presidente municipal de Iguala, a su esposa María de los Ángeles Pineda, y al director de Seguridad Pública Felipe Flores, la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

En conferencia de prensa, el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, informó que se cuenta con una línea de investigación única, en la que se establece que los estudiantes de Ayotzinapa fueron detenidos por policías de Iguala al asumir que llegaron a esa cabecera con la intención de no permitir la realización del informe de María de los Ángeles Pineda al frente del DIF local.

Murillo Karam dijo que, con base en declaraciones y las investigaciones de los hechos ocurridos el 26 de septiembre en Iguala, se establece que ocurrió una represión violenta ejecutada por la Policía Municipal de Iguala y de Cocula, dirigida por el grupo criminal denominado Guerreros Unidos y ordenada por el edil José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa.

El procurador dijo que se tiene acreditado el modo de operar, los móviles de la policía y funcionarios participantes, y que por ello se tiene a 52 personas detenidas, entre ellos al líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado.

Al respecto, el procurador Murillo dijo que con base en la investigación realizada y las declaraciones del propio líder de la organización de Guerreros Unidos se tiene acreditada además la actuación de los policías de Iguala, de Cocula, de funcionarios municipales, y se giraron órdenes de aprehensión en contra de Abarca, Pineda y Flores como probables autores intelectuales de la desaparición de los estudiantes.

La detención de las tres personas será determinante para conocer la ubicación de los 43 estudiantes, y a la fecha se tienen detenidas así como consignadas 52 personas entre policías municipales, autoridades, de Guerreros Unidos, dijo Murillo Karam.

Con el hallazgo de dos cadáveres más suman 30 cuerpos los encontrados en las fosas en Iguala, indicó el procurador.

Adicionalmente, señaló que en el primer peritaje no se encontró compatibilidad con las muestras de los familiares de los estudiantes, las cuales fueron recabadas y entregadas a la PGR por parte de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero.

Sin embargo, destacó, se pidió a los peritos argentinos recabar de manera directa las pruebas de ADN a los familiares de los normalistas, las cuales se compararán con las entregadas a la PGR y además se efectuará un nuevo peritaje.

El procurador Murillo refirió que con base en la investigación realizada y las declaraciones de los detenidos se pudo conocer que hace un año estudiantes de la normal de Ayotzinapa atacaron el palacio municipal de Iguala, por lo que en esta ocasión la policía alertó cuando los normalistas arribaron a Iguala en camiones secuestrados para evitar que arribaran al informe de la esposa del alcalde.

Tras ello, un policía dio muerte a un estudiante y el resto intentó huir, por lo que los policías dispararon por confusión a la unidad de los miembros del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo, y posteriormente detuvieron a algunos estudiantes que fueron llevados a las instalaciones de la policía de Iguala en patrullas, refirió.

Los estudiantes fueron sacados de Iguala y entregados a la policía de Cocula, que modificó sus rótulos para tratar de encubrir su participación, y fueron ellos quienes se comunicaron con el líder de los Guerreros Unidos para informarle que los jóvenes eran parte del grupo rival “Los Rojos” además de los causantes de los eventos ocurridos en Iguala, agregó.

Con la aprobación del líder de Guerreros Unidos los estudiantes fueron conducidos, junto con otras personas no relacionadas con ellos, en una camioneta de redilas y llevados hasta el cerro de Pueblo Viejo, pero hasta el momento no se ha identificado si alguno de ellos se encuentra entre los restos encontrados en las fosas y la investigación continuará, finalizó.