Lo que les voy a comentar, es solo una muestra del porqué, las carpetas de investigación que el ministerio público consigna a los jueces de control, fracasan y el juzgador se ve en la necesidad legal de no sujetar a proceso a presuntos responsables y dictar su liberación, circunstancia de la que se quejó amargamente el titular del poder ejecutivo estatal y que reclamó airadamente al poder judicial del estado.
La mañana de este martes pasado, fue asesinado el primer comandante de la Policía Ministerial Federal, también conocido en el medio policiaco como “El Yanqui” Enrique Rodríguez Rodríguez, sobre la Avenida Camelinas de la capital del estado.
Reportado el hecho a la autoridad policiaca, se acordonó la zona a efecto de conservar lo que se conoce como “la escena del crimen”, sin embargo, minutos después de que se acordonó y protegió dicha zona, llegó a sus inmediaciones el procurador general de justicia del estado JOSÉ MARTÍN GODOY CASTRO, supongo que a verificar que efectivamente se tratara de un alto jefe policiaco asesinado, solo que para realizar dicha verificación, se introdujo a “la escena del crimen” y la contaminó, al extremo que en su imprudencia, al parecer pisó un casquillo de los percutidos por los responsables del homicidio, como lo podemos ver en la siguiente fotografía.

Tanto en las redes sociales como en Facebook, existen videos que evidencian como el señor procurador invade intencionalmente la escena del crimen y la contamina, por lo que le proporcionamos una liga para que pueda ver el video: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1467069503315918&id=100000386460375
Lo anterior, es un prueba de que son las autoridades de la procuraduría general de justicia del estado quien no tienen la capacitación necesaria y suficiente para intervenir en las etapas del Nuevo Sistema de Justicia Penal, provocando con ello, que las carpetas de investigación vayan mal integradas o que las pruebas que los policía investigadores o la Unidad Especializada en la Escena del Crimen (UEEC) recaban, son deficientes u obtenidas de manera ilegal y la contaminación de la escena del crimen, es una circunstancia que puede llevar a la liberación de un presunto responsable de un delito.
Así las cosas, me pareció precipitado que el jefe del ejecutivo estatal responsabilizara al poder judicial del estado, de la liberación de presuntos delincuentes, cuando por el contrario, debió de causarle alarma la deficiente capacitación en la materia del personal de la PGJE.
Una y otra vez, se ha comentado en esta columna, que al jefe del ejecutivo estatal no le ayudan sus colaboradores, simulan que trabajan o le mienten y en el caso del “jefe de plaza” de Zamora de un grupo delincuencial que un juez de control liberó y que fue el ejemplo para acusar a los juzgadores estatales, eso fue lo que sucedió, pues al presunto delincuente solo le integraron una carpeta de investigación por delito que merecía libertad condicional, no la integraron por delitos graves, pero como le mintieron al jefe, pues éste se quejó del juzgador.
Sería muy prudente que el jefe del ejecutivo estatal, pidiera al fiscal regional de Zamora NICOLÁS MALDONADO MANDIJANO , le rindiera un informe detallado con la copia de recibido foliada de la carpeta de investigación que se consignó al juez de control y podrá darse cuenta de cómo actuó dicho fiscal y por qué liberaron al presunto delincuente.
PROGRAMA HOY, EN URUAPAN
Nadie estará en contra de que el gobierno estatal haga esfuerzos para traer a medios masivos de comunicación, con cobertura nacional e internacional para promover al estado desde los puntos de vista turístico, comercial, industrial, agropecuario, etc., lo que la sociedad le demanda, es que se trasparente el cómo vienen esos medios al estado, sobre todo, porque la ciudadanía carece de información de cuánto dinero se invierte en esas actividades y “vox populi” infiere que son muchos los recursos invertidos.
En efecto, la sociedad tiene el derecho de inferir altos costos por este tipo de trasmisiones televisivas, sobre todo cuando son públicas las tarifas que cobra una televisora como TELEVISA y es que nuestro estado está en una severa crisis financiera, con necesidades que son prioridad y que considera que es mejor resolver las grande prioridades del estado, que traer programas televisivos de alto costo, de ahí la importancia que el estado informe, de cómo se gestiona la presencia de esa televisora y cuanto le cuesta al pueblo su estancia.
COMISIÓN ESPECIAL PARA LA J. MÚGICA
Sé que no se trata de un tema legal o de reformar la ley orgánica del congreso, pero se debería encontrar alguna fórmula para que el pleno de los diputados que integran la 73 legislatura al congreso del estado, optimicen sus esfuerzos en un trabajo verdaderamente productivo en favor de sus representados.
Lo anterior viene a cuento, porque cada que hay sesión ordinaria, al leer la orden del día, nos percatamos que dicha orden del día es larguísima y da a entender que los legisladores trabajan muchísimo, pues tal documento normalmente tiene de 40 a 50 puntos a tratar, pero al analizar los temas, nos damos cuenta de que hay mucha “paja” en la labor legislativa.
En la orden del día para la sesión ordinaria del miércoles 14 de junio, se observan 46 puntos, de los cuales 8 son lectura del acta de la sesión anterior, comunicaciones y del orden del día; 17 son iniciativa de ingreso; 11  iniciativa para someter a votación del pleno, 3 exhortos; 1 acuerdo y 6 posicionamientos sobre varios temas.
Los señores diputados, con el objeto de aumentar su “productividad legislativa” hacen iniciativas para reformar tal o cual artículo de ley, solo para cambiar la redacción del texto original o aumentar otros para complicar procedimentalmente los asuntos, sí, hay iniciativas que proponen leyes y que son de trascendencia social, pero son los menos, luego los hay que solo son para satisfacer la egolatría de los legisladores como lo son los famosos “posicionamientos” o los “exhortos” que son como las llamadas a misa, si quiere el “exhortado” les hace caso y si no, pues no.
Los hay como la propuesta en esta sesión del diputado ROBERTO MALDONADO HINOJOSA, quien pretende la creación de una “Comisión Especial para la investigación y seguimiento de la situación de la presa “Francisco J. Múgica”, cuando en la estructura del propio congreso existe una comisión de dictamen que tiene esas facultades como lo es la Comisión Inspectora.
En todo caso, es a la Comisión Inspectora a la que el pleno debe de exigirle que se dé a la tarea de investigar e informar al respecto, pues crear una “comisión especial” hace que se pierda el tiempo miserablemente en lo fundamental, que es hacer que la Auditoría Superior de Michoacán haga su trabajo bien, e informe a los diputados sobre lo denunciado por una organización civil, sobre actos de corrupción en la asignación de los contratos de construcción de dicha obra hidráulica. Así de simple.