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No es la primera vez, que la presión ejercida por la ciudadanía obliga a la autoridad a rectificar y evitar lesionar el interés social con una decisión equívoca. Desde la noche de este martes 5 y la mañana del miércoles 6 de diciembre, las fuerzas políticas al interior y exterior del congreso del estado, estuvieron recibiendo y percibiendo la fuerza del rechazo social que causó el que las comisiones conjuntas de Hacienda y Deuda Pública, y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de ese cuerpo colegiado, aprobaran por mayoría un endeudamiento por 2 mil, 642 millones de pesos al municipio de Morelia.
NEY GONZÁLEZ Y VICTOR SILVA INTERVIENEN
Por lo que respecta al PRI, claro que trascendió la intervención del delegado del CEN del PRI en Michoacán, el ex gobernador nayarita NEY GONZALEZ y del dirigente estatal del tricolor VICTOR SILVA, quienes junto con ADRIANA HERNÁNDEZ ÍÑIGUEZ coordinadora de la fracción parlamentaria del tricolor, encontraron la manera “de bajar” del orden del día los dictámenes, lo que permitió frustrar las perversas acciones de autorizar a PONCHO MARTÍNEZ de endeudar al municipio de Morelia por 2 mil, 642 millones de pesos.


AVERGONZADO TORRES PIÑA
Así percibí al dirigente estatal del PRD CARLOS TORRES PIÑA, quien por la mañana de este miércoles, en diversos medios de comunicación, señaló que exigiría a los diputados de su partido no votar a favor del endeudamiento de la capital michoacana, sin embargo, TORRES PIÑA no pudo ocultar la vergüenza que le causó que su compañero de tribu, el diputado perredista RAÚL PRIETO GÓMEZ, hubiera votado a favor del endeudamiento, a más de ser uno de los promotores para corromper a los demás diputados mediante el respectivo “moche”.
PUEBLA NO ES DIPUTADO DE MORENA
Interrogado por este escribidor, el Diputado del Partido Movimiento de Regeneración Nacional ENRIQUE ZEPEDA ONTIVEROS, señaló enérgico que JUAN PABLO PUEBLA ARÉVALO no es un diputado de MORENA, dijo que, si bien es cierto que acompañaron a PUEBLA ARÉVALO en conferencia de prensa para anunciar su renuncia al PRD, también lo es que no ha oficializado su ingreso a MORENA, pues de ser así, se constituirían en fracción parlamentaria.
Lo anterior en razón de que en esta columna señalamos, que le debería dar a MORENA vergüenza que, un diputado morenista hubiera votado a favor del endeudamiento del municipio de Morelia, motivado por un acto de corrupción como “El Moche”.
¿REGRESARÁN EL MOCHE?
Frustrada la intención de algunos diputados, de que se aprobara en el pleno del congreso el endeudamiento del municipio de Morelia por 2 mil 642 millones de pesos, en los proyectos del alumbrado público y los Centros Administrativos 1 y 2, ahora quedará al aire la pregunta: ¿Devolverán “El Moche” recibido, a cambio de votar a favor, abstenerse o salirse de la sesión?
IMPUNIDAD PURA EN EL CONGRESO
En la sesión del congreso del estado celebrada este miércoles 6 de diciembre, los diputados integrantes de la 73 legislatura, votaron sendos dictámenes que declaran “improcedente” al menos tres denuncias de juicio político, presentadas ante esa instancia por ciudadanos en dos casos y por un regidor en otro, pues de los proyectos de “dictamen” se desprende lo siguiente:
ACUSAN DE NEPOTISMO AL EDIL DE CHARO
A las Comisiones de Gobernación y de Puntos Constitucionales, se turnó la denuncia de Juicio Político presentada por los ciudadanos Mauricio Prieto Gómez, Francisco Jacobo Chávez, Moisés Chanure Chora y Medardo Pille Ortiz, en contra del C. Ramón Hernández Yépez, Presidente Municipal de Charo, Michoacán.
la presentación de la denuncia de juicio político y las pruebas ofrecidas, obedece a que los denunciantes presumen la existencia de responsabilidad administrativa por parte del ciudadano Ramón Hernández Yépez, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Charo, Michoacán, al abusar del cargo de Presidente Municipal que desempeña al permitir que familiares ocupen cargos en la Administración Pública Municipal, incurriendo en responsabilidad al configurarse el conflicto de intereses, violentando con su actuar lo señalado en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo.
ACUSAN AL EDIL DE LÁZARO CÁRDENAS
A las Comisiones de Gobernación y de Puntos Constitucionales, se turnó la denuncia presentada por el ciudadano Marco Antonio Rodríguez Santillán, en contra del Presidente Municipal Armando Carrillo Barragán y Omar Salas Nicasio, exsecretario de Obras Públicas y actual Sindico en funciones, ambos del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
la presentación de la denuncia y las pruebas ofrecidas, obedece a que los denunciantes presumen la existencia de actos y acciones que consideran ilegales e inconstitucionales consistentes en usurpación de funciones y uso de documentos públicos, desvió de recursos públicos, prepotencia y abuso de autoridad por parte los Ciudadanos Armando Carrillo Barragán y Omar Salas Nicasio, Presidente Municipal y Ex Secretario de Obras Públicas y Sindico en funciones, ambos del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
ACUSAN A SELENE VÁZQUEZ DE SOLAPADORA
A las Comisiones de Gobernación y de Puntos Constitucionales, se turnó la denuncia de Juicio Político presentada por los ciudadanos Prudencio Castillo Calderón y Miguel Castillo Arreguin, en contra de la ciudadana Selene Lucía Vázquez Alatorre, Comisionada Presidenta de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, a quien acusan de solapar a dos de sus empleados que defraudaron a sus víctimas, pues les prometieron ayudarles a resolver un asunto de ordenes de aprehensión, les sacaron 43 mil pesos y no cumplieron.
“IMPROCEDENTES” LAS DENUNCIAS
Al entrar al “estudio” de dichas denuncias, los diputados integrantes de las comisiones de dictamen, refieren la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán y sus Municipios, particularmente en su artículo 30, el que a la letra señala lo siguiente:
El artículo 30 de la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán y sus Municipios, precisa los actos u omisiones de los servidores públicos que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, estableciendo los siguientes:
I. Atenten contra las instituciones democráticas o la forma de gobierno republicano, democrático, representativo y popular de conformidad con el pacto federal;
II. Violen, de manera sistemática, derechos humanos;
III. Interfieran indebidamente a favor de partido político o candidato durante los procesos electorales o violenten la libertad de sufragio;
IV. Impliquen usurpación de atribuciones;
V. Violenten la Constitución del Estado o las leyes que de ella emanen; y,
VI. Violenten, de manera sistemática, los planes, programas y presupuestos o las leyes que regulan el manejo de los recursos públicos.
Según la interpretación que los legisladores dan a este dispositivo jurídico, las acusaciones hechas en contra de los ediles y la comisionada de atención a víctimas, no atentan en contra las instituciones democráticas o la forma de gobierno republicano, democrático, representativo y popular de conformidad con el pacto federal.
Las fracciones II y VI, permiten a los funcionarios públicos violar los derechos humanos, mientras no sea de manera “sistemática”, lo que de suyo provoca risa, hilaridad y coraje, pues solo la violación sistemática de tales derechos es susceptible de sancionar, mientras no sea así, pueden violarlos. Legislación laxa y hasta ridícula.
MEJOR IMPUNIDAD QUE JUSTICIA
Sin embargo, pasa desapercibido para los legisladores que emiten tal dictamen, que las conductas asumidas por las autoridades acusadas, ¡SÍ! Violan la constitución, no solo la del estado, sino la de la república y las leyes que emanan de ellas, motivo suficiente para enjuiciarlos, empero, como los diputados resuelven con criterio más político de jurídico, es más fácil dejar en la impunidad a los acusados, que meterse en el problema de afectar intereses económicos y políticos, que les pueden generar “inconvenientes”.

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