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Armando Alfonzo Jiménez*

Prácticamente todos los sondeos de opinión pública en México reprueban con contundencia a los políticos.

Los propios protagonistas de la vida pública buscan congraciarse con propuestas en aras de lograr la aceptación de una posible alianza electoral. Para muestra basta referirse al reto que lanzó Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, para que todos los que aspiren a ser candidato presidencial del Frente Ciudadano se sometan a los exámenes de control de confianza y que el que resulte mejor evaluado sea quien lo encabece.

Sin duda alguna, más allá de las estrategias de mercadotecnia, las trayectorias de quienes han ejercido un cargo público están a la vista de todos: lo que hicieron bien, los resultados obtenidos, sus errores y omisiones, incluso, las suspicacias y la pregunta que resulta más pertinente ¿Trabajaron de verdad por los intereses de todos o sólo para saciar sus ambiciones y las de sus colaboradores cercanos?

Desde mi punto de vista, el meollo de la recuperación de la credibilidad social hacia la política y sus agentes depende, en gran medida, de las acciones que hacen falta desarrollar para consolidar el proceso de democratización en México.

Lo anterior implica un debate serio de cuál es el proyecto de Nación que se requiere para avanzar en el mejoramiento de las condiciones de vida de todos sus habitantes.

Nada o muy poco se ha dicho, en la vertiente del discurso de los políticos, de todo aquello que es indispensable efectuar para lograr un nuevo entendimiento político, en el que se reconozca a la pluralidad de expresiones políticas y culturales como base fundamental de nuestro régimen constitucional, además de mayores y mejores prácticas de colaboración entre los órganos del poder público, controles eficaces para evitar y, en su caso, castigar los abusos del poder, así como el apuntalamiento serio y profundo de una cultura de promoción y respeto de los derechos fundamentales.

Además, el diseño y la ejecución de un plan de gobierno que asegure las condiciones de un Estado constitucional de Derecho, que propicie una economía con rostro humano, el funcionamiento permanente de mecanismos de participación de la sociedad, sin  que falte una auténtica transparencia y rendición de cuentas.

Pero para consolidar nuestra democracia resulta crucial el concurso de todos los actores de la sociedad y de los órganos del poder público. No valen los estigmas.

Se han desaprovechado muchos años para avanzar en la democratización del país y se han propiciado divisiones y polarizaciones básicamente por los intereses de grupo.

Lamentablemente, ciertas ambiciones mezquinas y determinadas posiciones oportunistas, de cara a las próximas elecciones de 2018, pueden prolongar el sacrificio de la  visión y de la construcción de un mejor horizonte.

* Constitucionalista

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