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¿Cómo se puede aspirar a un régimen democrático si sus actores asumen posturas autoritarias?

¿Cómo entender una democracia, en la que, por una parte, confluyen diversas expresiones –inclusive las de opinión-, y por otra, quienes se empeñan en repudiar a quienes piensan distinto?

¿Cómo olvidar a los nazis que perseguían, encarcelaban y eliminaban a quien no era de la raza aria o a quien no actuaba conforme a las directrices de ese monstruoso régimen?

En los últimos días, se han manifestado al interior de distintos partidos políticos en México, expresiones de disidencia y su rechazo frenético por parte de liderazgos de esos institutos.

Desafortunadamente, ciertos integrantes de las dirigencias partidistas no han mostrado la tolerancia pertinente y han, incluso, amagado con expulsar a quienes opinan distinto.

El pensamiento único o hegemónico es propio de los regímenes fascistas. No es una cuestión inherente a las ideologías: lo mismo partidos de derecha o de izquierda, en su momento, no sólo rechazaron a quienes opinaban alejados de la línea de pensamiento de la dirigencia en turno, también a los disidentes se les expulsaba de la organización política y, hasta en algunos casos, se les perseguía y se les asesinaba.

De cara a un proceso de democratización inconcluso, como el nuestro, no es admisible que los actores de la vida política se comporten como si los partidos políticos fueran su patrimonio. Aún más, vista la dificultad de construir acuerdos y si tomamos en consideración la prospectiva de que será necesaria la construcción de alianzas electorales, primero, y de coaliciones de gobierno, después, es menester que los dirigentes de los partidos políticos y sus militancias generen una cultura de respeto al otro.

Además de cuantiosos recursos económicos, la democratización en México ha costado persecuciones políticas, privaciones ilegales de la libertad, desapariciones forzadas, incluso, la muerte de muchas personas que eran opositores al gobierno autoritario en turno.

Por lo anterior, es relevante que las autoridades electorales, encabezados por el Instituto Nacional Electoral, insistan en la trascendencia del valor de la tolerancia como base toral de la democracia, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de ser el caso, garantice los derechos políticos de quienes sean objeto de un abuso del poder por parte de las dirigencias partidistas, y que todos los partidos políticos, sin excepción, sean verdaderos promotores de la democracia y que se erijan como agentes de la promoción, el respeto, la protección y la garantía de los derechos de todos.

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