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Por David Colmenares Páramo
A pesar de avances en cuanto al acceso de la población a servicios básicos, como educación, salud y vivienda, aun los rezagos sociales son importantes, de forma tal que como ha señalado la OCDE, somos el segundo país más desigual entre sus miembros, quizás solo somos superados por Chile, donde “el milagro económico” solo fue para unos cuantos.
Se ha reducido como ha señalado CONEVAL la pobreza extrema y la pobreza en general de 46 por ciento en 2010 a 43.6 por ciento en 2016, no obstante, el número de pobres aumentó por el crecimiento natural de la población, de 52.8 millones de pobres a 53.4 millones hacia 2016. Asimismo la desigualdad persiste como estuvo de moda comentarlo cuando el estudio de OXFAM.
La existencia de varios méxicos se diversifica, ya que mientras en algunos estados la pobreza porcentual se ha reducido, como en las dos Baja Californias con niveles de 22 por ciento de su población en situación de pobreza, Quintana Roo de 35.9 a 28.8 por ciento, en el otro extremo de la estructura de la desigualdad, el porcentaje de su población en niveles de pobreza paso de 58 por ciento en 2014 a 62 por ciento en 2016, como es el caso de Veracruz, Oaxaca de 66 a 71 por ciento o Chiapas de 76 a 77 por ciento.
La consecuencia de estos niveles de pobreza, tiene como resultado la existencia de la estructura nacional de la desigualdad, en comparación con su nivel en otros países, no solo de la OCDE, sino de otros con nivel de desarrollo similar al nuestro.
Para conocer su impacto sobre la fiscalización, es suficiente revisar el Fondo de Infraestructura Social Municipal, el FISM, que es uno de los fondos de Aportaciones condicionadas del Ramo 33, cuya fiscalización es exclusiva de la Auditoria Superior de la Federación. Este Fondo es para combatir la pobreza y es el nieto del Ramo 26, que era el Programa Nacional de Solidaridad de la época del Presidente Salinas. La mitad del mismo se concentra en cinco estados: Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Puebla, entidades federativas donde encuentran 1198 municipios, la mitad de los que hay en el País, lo que emparenta municipalismo con pobreza.
La fiscalización a los municipios se atomiza, la Auditoria Superior solo puede revisar menos de 150 al año, el resto es de las auditorias superiores de los estados, algunas de las cuales tienen insuficiencia presupuestal.
Además, es claro que la desigualdad y la pobreza se estacionan en los estados menos favorecidos, donde dentro existen nortes y sures, medidos por la distribución del ingreso y la riqueza.
Entra también el tema de las participaciones, el principal ingreso corriente de los estados, el cual como ya comenté en El Financiero, se destina fundamentalmente a gasto corriente, incluyendo la quinta parte que corresponde a las participaciones municipales. Por eso el énfasis que se pone en la ASF para revidar la correcta aplicación de las fórmulas de distribución de recursos, de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal y su pago oportuno y completo, para evitar los abusos que históricamente se han hecho por parte de algunos gobiernos estatales.
Aquí el dilema es como lograr desarrollo, como fortalecer fiscalmente a estados, pero más al municipio. Algunas ideas apuntan a tener un gasto social regional y sectorial mejor focalizado, revisar los destinos programados de los fondos de aportaciones, los subsidios y los convenios, así como la gran cantidad de programas sociales, que no solo deben de contener el avance de los indicadores de las necesidades esenciales, sino promover la inversión social, mejorar el salario real, avanzar en la armonización contable, la transparencia y la rendición de cuentas, entre otras medidas de disciplina y de política fiscal.
En suma la desigualdad, implica un reto para la mejor fiscalización del gasto público.
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