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El pasado 28 de diciembre del 2017, en diarios de Michoacán y algunos de circulación nacional se publicó la noticia, que de  entrada parecería una broma de mal gusto por el “Día de los inocentes; informando que el  “H” Congreso del Estado (que de H tiene poco) aprobó, como parte del presupuesto de ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018, que dentro de los servicios que presta la Procuraduría General de Justicia, se contemple el cobro de los estudios para que las mujeres puedan comprobar que fueron violentadas. Así, como suena; no es broma.

A partir del 2018,  las mujeres que hayan sido violentadas deberán pagar (de su bolsa) el costo de los certificados de violencia física, violencia psicológica y un estudio de visita domiciliaría emitidos por la procuraduría estatal. Por cada estudio deberán pagar  alrededor de 472 pesos. Me detengo a pensar, pero no encuentro mejor adjetivo que “demencial” para calificar este sinsentido.

Pese a los casi 300 feminicidios que se registraron en Michoacán en los últimos dos años, el Congreso del Estado rechazó  las propuestas de incorporar artículos transitorios al Presupuesto de Egresos para asignar recursos a la Alerta de Violencia de Género para 2018.

 

Los responsables de aprobar este desatino son, en última instancia los diputados de la actual legislatura. ¿Cuánto recibieron por cada voto?  Lo ignoro, pero de que esta ley es  un verdadero  esperpento sí que lo es y quedará para la Historia la atrocidad cometida por estos especímenes. No importa que en un plazo “X” esta barbaridad pueda eliminarse, el daño a su imagen ya está hecho.

 

Seguramente todos conocemos a algún diputado, bien sea de nombre, por referencias, porque vimos su foto en un cartel o por que salió en la televisión protagonizando un escándalo en estado de ebriedad.  Pero en algún momento todos nos hemos hecho es la pregunta: ¿Qué hace exactamente un diputado?, ¿Por qué razón ganan esos sueldos  que el común de los mortales ni siquiera sueña con ganar?

 

Supuestamente un diputado es un representante de los ciudadanos que viven en determinado distrito Eso en teoría los hace ser representantes de  una población con la obligación de cumplir sus promesas de campaña, y promover leyes que vayan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de su distrito. Igualmente rechazar las iniciativas de legislación que notoriamente vayan en contra de los electores. Definitivamente nadie en sus cabales pensará que los diputados son elegidos para deteriorar los niveles de vida de sus representados.

 

Pero la triste realidad es que seguimos constatando que estos personajes aprueban verdaderos disparates. Ante esto la pregunta obligada surge ¿Cuál es la preparación o las credenciales académicas de estas gentes? Veamos y sorprendámonos;  resulta que para ser diputado en México los requisitos son mínimos, prácticamente solo se pide que no esté clínicamente muerto.  Van los datos. Ser mexicano, mayor de 21 años, originario del Estado o con una residencia de 6 meses, no ser ministro de algún culto y otras sin relevancia. ¿Y la preparación académica y la experiencia que pudieran avalar la cultura, sapiencia y por lo  tanto la sensatez de sus decisiones? Pues no, no es necesaria.  Pueden ser unos completos analfabetas o unos auténticos asnos; si un partido lo propone y el candidato obtiene los suficientes votos fatalmente será diputado. Así de terrorífico está este asunto.

 

Mención aparte merecen la personalidad, temperamento y carácter de cada uno de los diputados, pues si bien algunos son personas competentes, educadas y preparadas  que más o menos saben de qué hablan, existen otros muchos que no dan el ancho ni como peones de la construcción, que no rebuznan por miedo al aparejo,  aunque hay quienes dicen que en realidad no son tan ignorantes como pretenden,  sino que al  iniciarse como diputados reciben una “jubilación neuronal” que les permite vivir sin pensar, que para eso tienen a su coordinador.

 

El tema  da para mucho. Es tiempo de cambiar, y para eso sirven los votos.

 

Alejandro Vázquez Cárdenas

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